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Unidas por Santander exige a la Consejería de Educación y al Ayuntamiento que clarifiquen las obligaciones que deben asumir en la conservación y mantenimiento de los Centros de Educación Infantil propiedad municipal

  • Miguel Saro, candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santander, insta a  ambas administraciones a “dejar de pasarse la patata caliente y desatender mientras sus obligaciones, cuando lo que está en juego es la seguridad de los menores”.

 

Unidas por Santander, la Confluencia que se presenta a las elecciones municipales con la unión de Izquierda Unida, Podemos, Santander Sí Puede y Equo, exige a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander que clarifiquen de una vez las obligaciones que deben asumir en la conservación y mantenimiento de los Centros de Educación Infantil propiedad municipal.

 

Miguel Saro, candidato a la alcaldía de la ciudad por Unidas por Santander, declara que: “Ya es hora de que ambas administraciones dejen de pasarse la patata caliente entre ellas desatendiendo mientras tanto sus obligaciones”. Saro asevera que: “Está en juego la seguridad de los menores y el cumplimiento del derecho a la educación”.

 

Desde la Confluencia se subraya que “los problemas de conservación por la falta de mantenimiento e inversión son comunes a muchos centros educativos de Santander”. El ejemplo “paradigmático” es el del Colegio Dionisio García Barredo, donde desde principios del curso escolar vigente el AMPA viene denunciando el mal estado del patio exterior del colegio, que tiene importantes grietas en un lateral del patio inferior que ponen en riesgo a los menores.

 

En los Colegios de Educación Infantil y Primaria Antonio Mendoza y Cisneros parte de la edificación de ambos centros se encuentra clausurada como consecuencia de los daños por la inundación sufrida el pasado fin de semana causados por la rotura de una cañería. A día de hoy se desconoce la fecha en las que los menores afectados, que pertenecen principalmente a los ciclos de educación infantil, van a poder volver al colegio. Las AMPAS de ambos centros han trasladado su preocupación al equipo directivo de los colegios, al Ayuntamiento de Santander -encargado del mantenimiento del centro- y a la Consejería de Educación de Cantabria.

 

Necesaria redacción de protocolos de actuación

 

Los concejales que forman parte de la lista de Unidas por Santander, Miguel Saro y Antonio Mantecón, ya instaron en el pleno municipal de Santander hace dos años a la Junta de Gobierno local y a la Consejería de Educación a la creación de una comisión mixta formada por técnicos municipales y de la Consejería, con presencia de representantes de las AMPAs. La solicitud presentada atendía a la necesidad del planteamiento de una “necesaria redacción protocolos de actuación” que estableciese criterios claros de interpretación sobre los límites de las competencias de ambas administraciones, en cuanto a conservación, mantenimiento, inversión y renovación de los centros educativos públicos de titularidad municipal.

 

Unidas por Santander recuerda que la propuesta fue rechazada por el PP y el exconcejal de Ciudadanos, pese a conocer perfectamente sus obligaciones, ya que la normativa “obliga al Ayuntamiento de Santander al mantenimiento y conservación de los centros educativos públicos de educación básica de titularidad municipal”, no así la inversión y renovación de los mismos, que corresponde al gestor del centro: la Consejería de Educación.

 

Desde UxS se hace hincapié que “las prestaciones a las que obliga la ley a los Ayuntamientos, de conservación y mantenimiento, debe entenderse referida a aquellas actividades y provisiones necesarias para que el inmueble mantenga aquellas condiciones de que fuera dotado en el momento en que fuera adscrito al uso educativo siempre y cuando implique la realización de actividades o reparaciones de carácter ordinario, así como la provisión de los suministros básicos necesarios para que el edificio mantenga su actividad”.

 

Desde la Confluencia se insiste en que la “conservación es un concepto jurídico perfectamente determinado desde el punto de vista del derecho privado y público”, por lo que contempla actuaciones como reparaciones ordinarias como goteras o roturas, pintura, entre otras actuaciones, destinadas a mantener el edificio en condiciones normales de uso así como la reposición de las condiciones del edificio cuando este las pierde, sea por el normal deterioro producido por su uso, bien por el paso del tiempo o por accidente.

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