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Programa elecciones municipales 2019 – Unidas por Santander

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ÍNDICE

  1. RECUPERAR LA PARTICIPACIÓN Y LA TRANSPARENCIA: un Ayuntamiento para todas.
  2. RECUPERAR LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL: UNA FISCALIDAD VERDE, PROGRESIVA Y SOLIDARIA.
  3. RECUPERAR LA VIVIENDA: NI GENTE SIN CASAS NI CASAS SIN GENTE.
  4. RECUPERAR EL EMPLEO.
  5. RECUPERAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS.
  6. IGUALDAD: UN AYUNTAMIENTO FEMINISTA.
  7. RECUPERAR LOS SERVICIOS SOCIALES / POLÍTICAS SOCIALES.
  8. URBANISMO Y MOVILIDAD.
  9. MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL.
  10. CULTURA Y TURISMO
  11. CONSUMO

MANIFIESTO: RECUPERAR LA CIUDAD, RECUPERAR LA ILUSIÓN

UN PROYECTO PARA RECUPERAR LA CIUDAD

Santander necesita una transformación importante. Un cambio que mire hacia el futuro a través de la construcción de un municipio ​unido, solidario, sostenible y centrado en mejorar la vida diaria de las personas que lo habitamos. ​Un municipio ​para todas y de todas, donde ningún barrio sea ni más ni menos que otro, donde el urbanismo sea amable, donde prevalezcan las necesidades y servicios que atraiga a la población a vivirla y disfrutarla y no solo las del turismo. ​Un municipio ​Una ciudad que ponga en el centro de la vida pública los cuidados, que tenga como prioridad a sus habitantes y que sea inteligente y ambientalmente acogedora.

Lo que comenzamos y asumimos en este momento, es un llamamiento a la sociedad santanderina para que se comprometan con este proyecto ilusionante, abierto, participativo y democrático. Convocamos a la ciudadanía a asumir juntas el compromiso colectivo, necesario y urgente de construir el cambio para Santander.

Nos dirigimos a quienes, en definitiva, esta forma de gobierno no les represente y no quieran favorecer su continuidad. A quienes quieren y aspiran a un cambio real y que estén convencidos de que, trabajando en común, podemos dar un giro radical a la vida en esta ciudad.

Tenemos claro que no queremos un modelo de gobierno que no garantice una vida digna, en la que no prevalezca el desarrollo sostenible, que ningunea a las clases trabajadoras y que centra todos sus esfuerzos en seguir ofreciendo una hoja de ruta que mantenga elstatus quo de sus clases pudientes y dirigentes. Necesitamos evolucionar hacia una gestión humana y natural, tanto con el entorno como con los vecinos y vecinas, que haga de Santander ​un municipio ​en el que la vida sea más sencilla y no expulse a sus habitantes año tras año, en una espiral de despoblación dramática.

Todo esto solo es posible en torno a un programa de acción elaborado de forma colaborativa, debatido y acordado conjuntamente con el objetivo de cambiar y mejorar Santander. Un programa cuyas prioridades estén centradas en las personas, un programa para gobernar Santander, un programa para un ayuntamiento radicalmente democrático, un programa para cambiarlo todo. Queremos:

Recuperar Santander para (re)municipalizar los servicios públicos: promoveremos una gestión eficiente de los recursos naturales y humanos, recuperando para lo público lo que ahora es tan solo una forma de garantizar la cuenta de resultados de algunas empresas. La remunicipalización de los servicios no es una opción, es una obligación.

Recuperar Santander para crear una política de vivienda: crearemos un parque público de vivienda accesible y eficiente, que dinamice los miles de pisos vacíos que tenemos en Santander y permita cumplir el fin y el derecho social de domicilio.

Recuperar Santander para un urbanismo racional: tenemos un proyecto global de ciudad, sostenible y amigable que elimina las diferencias entre clases y permitirá dejar de consagrar la diferencia entre el Santander de postal y el Santander del patio de atrás.

Recuperar Santander para tener unos servicios sociales, sanitarios y emocionales: atenderemos a quienes no tienen otra forma de cubrir sus necesidades básicas si no es mediante prestaciones de su administración pública más cercana, la casa de todos y todas.

Recuperar Santander para potenciar políticas educativas culturales: centraremos la acción cultural en extender los servicios de dinamización a toda la población y no solo delegar en las grandes firmas y empresas culturales. Queremos una cultura crítica, ambiental, viva, accesible y democrática, a la altura de los y las creadoras que esta ciudad tiene.

Recuperar Santander para obtener una fiscalidad municipal verde, solidaria y progresiva.

Recuperar Santander para un nuevo modelo de crecimiento sostenible que nos permita vivir de forma armónica con el medio basado en el ahorro energético, fomento de energías renovables, uso racional del agua, gestión de residuos y reducción de eliminar contaminación.

Imaginar, pensar, proyectar, es algo que a todas se nos puede dar bien. Pero el trabajo diario puede resultar duro y desazonador en muchos casos; la soledad es grande en un ayuntamiento que opta por situarse a la derecha y no mover lo establecido desde hace ochenta años. Demasiado tiempo.

Sin embargo, la esperanza también es grande cuando se comprende que la unión no solo multiplica los esfuerzos, sino que es necesaria, facilita y, por supuesto, acompaña la efectividad de un modo exponencial. Solo trabajando por el bien común, aunando nuestras capacidades colectivas, entendiendo que quienes nos acompañan en este camino son las y los mejores compañeros de viaje, podremos cambiar y mejorar Santander.

Esta es, repetimos, una llamada para que te sumes, porque sabemos que no quieres que todo siga igual en nuestro municipio. Una llamada a organizaciones vecinales, medioambientales y sindicales, al movimiento feminista, al movimiento por las pensiones, a la lucha por la vivienda, a colectivos ecologistas, de solidaridad y a todos los colectivos que luchan cada día por un Santander mejor para todos y todas.

Nos hemos unido con la esperanza de poder dar comienzo a una alternativa que logre contagiarnos de generosidad e ilusión porque las políticas que se aplican en nuestros ayuntamientos son las que definen nuestro modelo de ciudadanía y merecen ser luchadas y la ciudadanía defendida. Calle a calle, barrio a barrio. Para que nadie se quede fuera, para que cada persona que habita este bello municipio que está en el sitio correcto, en su casa. Tenemos que atrevernos a imaginar un Santander mejor. Y lo vamos a hacer para construir entre todas y todos ese Santander amable, respetuoso, democrático, solidario, feminista y sostenible que queremos para quienes estamos y quienes están por venir.

RECUPERA LA CIUDAD

RECUPERA LA ILUSIÓN

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

1.1.​ ​Democracia participativa y empoderamiento ciudadano

En Unidas por Santander queremos una ciudad donde la ciudadanía pueda incidir de manera directa sobre cualquier ámbito municipal que les afecte y pueda desarrollar su capacidad de decisión.

Las elecciones cada cuatro años no son suficientes, reivindicamos una democracia participativa que permita a la ciudadanía decidir qué modelo político y social quieren para su ciudad. Pensamos que es necesario implicar a cada persona en la gestión de los asuntos que le son más cercanos, desarrollando mecanismos que permitan a la ciudadanía intervenir en la asignación de recursos a través de la implantación de presupuestos participativos, proponer y debatir cuestiones que afecten la gestión de los asuntos públicos a través de espacios ciudadanos de participación y decidir sobre cuestiones vitales para Santander a través de consultas ciudadanas vinculantes.

En Unidas por Santander pondremos todos los recursos materiales y organizativos a nuestro alcance para implantar una democracia participativa en los barrios de nuestro municipio.

Conseguir el empoderamiento popular no se consigue de un día para otro. Se necesitan estructuras políticas colectivas (concejos territoriales y sectoriales, asambleas, equipos técnicos) y el uso de nuevas tecnologías; pero construir una identidad colectiva necesita algo más.

Construir una identidad colectiva que muestre toda la pluralidad social y que implique cambio social requiere formación, en el sentido más amplio de la palabra, y educación política, cívica y social.

Desde Unidas por Santander aspiramos a revertir la forma de tomar las decisiones políticas (desde el arriba hacia abajo al de abajo hacia arriba) y romper las dinámicas que concentran el poder político en unas pocas manos. Para ello, al menos inicialmente, se hace necesario promover una metodología participativa (investigación-acción-participación) que parta de un análisis de la realidad (diagnóstico participativo) de cara a conseguir un empoderamiento real.

Medidas concretas:

  • –  Se desarrollará un modelo de descentralización de la gestión municipal basado en los ​Consejos de Distrito Permanentes ​que se reunirán una vez al mes para hacer de ellos puntos de encuentro, debate y de participación ciudadana. Se potenciarán y dotarán de contenido, convirtiéndolos en órganos de deliberación y proposición. Servirán de acompañamiento a los vecinos en el proceso colaborativo de elaboración de los presupuestos participativos. ​
  • Consejos de distrito:​ Elección de miembros de las asambleas según metodología delegativo-participativa, con presencia de representantes de todas las Asociaciones de vecinos legalmente constituidas en la zona delimitada, así como de aquellos colectivos sociales, vecinales, culturales, profesionales, etc que soliciten su presencia. Los cargos electos, miembros del equipo de gobierno y de los diferentes grupos municipales deberán acudir a informar y rendir cuentas con periodicidad.
  • –  Concejo Abierto. ​Se constituirá el Concejo Abierto Municipal como órgano directo de fiscalización ciudadana de la acción de gobierno. ​Se celebrará ​cada tres meses. En el mismo el gobierno municipal, de manera obligatoria expondrá las políticas desarrolladas en ese periodo, el estado de ejecución del presupuesto, el estado de los gastos municipales, etc. Recogerá también las demandas ciudadanas.
  • –  Fomentaremos la participación y formación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los mismos. Desarrollar un nuevo ​Reglamento para la participación ciudadana real y efectiva​. El reglamento actual está obsoleto, aunque ofrece posibilidades de participación, éstas no se han aplicado en absoluto. Por ejemplo, la ciudad se encuentra dividida en distritos gracias a la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003. Sin embargo, dicha división, que venía obligada por la norma al ser una capital de provincia con una población superior a 175.000 habitantes, no ha tenido ninguna consecuencia que favorezca la participación.
  • –  Implantar la participación directa e informada de la ciudadanía a través de I​niciativas Populares​, ​consultas ciudadanas y referéndum vinculantes ​para los principales proyectos municipales, como herramientas superiores en el proceso de participación ciudadana. Para ello no es necesaria ninguna reforma profunda ya que la iniciativa popular en el ámbito local está permitida y se encuentra regulada por la ley de bases de Régimen Local en el art. 70bis, 2). En dicha norma se contempla que los vecinos podrán presentar propuestas o proyectos de competencia en materia municipal, los cuales deberán ir suscritas por el 20% (municipios hasta 5.000 habitantes), 15% (hasta 20.000) y 10% (desde 20.001). Y la propia ley de bases también permite las consultas populares aunque la iniciativa depende en exclusiva del alcalde de turno y de la autorización del Gobierno (artículo 71).
  • –  Aumentar la cuantía de los ​Presupuestos participativos (Hasta un 50% del presupuesto de inversión). ​Reforzar el carácter vinculante de los mismos a través de un proceso que recoja las propuestas de la ciudadanía y sean los propios vecinos quienes valoren el orden de prioridades de las mismas a través de un proceso en el que sean acompañados y asesorados por técnicos municipales. De manera que los resultados del proceso serán determinantes para la asignación de los recursos disponibles atendiendo, en cualquier caso, al equilibrio territorial, la diversidad social y la perspectiva de género.
  • –  Deberemos caminar hacia un modelo que permita, tras su estudio y valoración colectivos, generalizar este mecanismo de gestión del presupuesto (​Presupuestos participativos) en especial en lo referido al capítulo de inversiones. De manera que se trate de asignar a cada barrio o distrito una partida económica cuyo destino sea decidido por los propios vecinos. Para impulsar y supervisar este modelo de gestión del presupuesto se erigirá un ​Observatorio municipal permanente de control de gasto público que controle la efectiva ejecución del gasto presupuestado​, con participación de los agentes sociales y de los mecanismos directos de participación ciudadana.
  • –  Implantar herramientas de participación ciudadana a través de ​Internet​, para el debate, propuesta y toma de decisiones.
  • –  Impulsar iniciativas pedagógicas ciudadanas locales de ​alfabetización digital ​para reducir la brecha tecnológica y económica, para la promoción del uso de las tecnologías y las nuevas herramientas de participación digitales. Crear ​espacios digitales permanentes de debate y propuesta de medidas ​susceptibles de ser implementadas en la gestión municipal.
  • –  Garantizar y promover el desarrollo de los ​medios de comunicación comunitarios​, sin ánimo de lucro y bajo control ciudadano, tales como radios comunitarias, publicaciones independientes o televisiones de barrio.
  • –  Revisión de la normativa vigente en materia de participación ciudadana, para adaptarla a los ​nuevos enfoques «2.0»​: Los sistemas de participación ciudadana implementados en muchas de nuestras ciudades y pueblos han servido para atender la interlocución de los gobiernos con los principales actores sociales; pero la evolución de nuestras sociedades y las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías han puesto de manifiesto la necesidad de revisar las estructuras de participación ciudadana, para dar entrada a la ciudadanía de forma activa en los procesos de decisión y elaboración de políticas públicas utilizando nuevos métodos, nuevos procesos y otros canales. Se hace necesaria la revisión en profundidad de muchas normas, reglamentos, etc. para actualizar los sistemas de participación y alinearlos con los nuevos enfoques.
  • –  Promover una normativa municipal para la ​cesión y cogestión, por parte de la ciudadanía y de los barrios, de espacios públicos con fines culturales, deportivos, formativos, etc. ​Con ​normas que garanticen el derecho al uso y gestión de dichos espacios públicos en unas condiciones dignas.
  • –  Ceder y co-gestionar estructuras o espacios de propiedad municipal disponibles, en desuso o infrautilizados para el desarrollo de ​proyectos con fines sociales y culturales​ en régimen de autogestión.
  • –  Establecer ​estructuras locales responsables de la gestión pública ​que serán elegidas por la ciudadanía.
  • –  Desarrollar ​Observatorios Municipales sectoriales ​con la presencia de asociaciones, ciudadanía, personal técnico-administrativo y personas interesadas o afectadas por la materia para el desarrollo de procesos de investigación y diagnóstico participativo, así como seguimiento y evaluación de la gestión pública.
  • –  Promoción de ​espacios de debate ciudadano, sensibilización e información sobre los asuntos públicos​, en especial algunos tales como el modelo de desarrollo urbanístico adecuado para nuestra ciudad, el acceso a la vivienda, las políticas de fomento del empleo, la deuda municipal y su reestructuración y quita; los presupuestos participativos, las políticas públicas de Economía Social y Solidaria, el principio de democracia corresponsable de los cuidados fuera y dentro de los hogares y el nuevo modelo productivo.
  • –  Creación de Consejos Sectoriales donde intervengan fundamentalmente las asociaciones de cada ámbito ​(educación, sanidad, igualdad, juventud, cultura, medio ambiente, servicios sociales, etc.). Dichos órganos tendrán como finalidad la implicación de los colectivos sociales en la gestión y en la toma de decisiones de los diversos servicios públicos municipales.
  • –  Participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los Consejos de Administración de las Empresas Públicas Municipales que presten servicios de suministro de bienes y servicios. ​Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el seno de la propia administración local, aún se hace más necesario contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de gestión de los entes instrumentales de las Administraciones Locales, en concreto en los Consejos de Administración de las Empresas Públicas Municipales y/o de interés general. Por ello es preciso apostar por la presencia permanente de los representantes de las organizaciones de consumidores y usuarios en los consejos de administración de las empresas municipales prestadoras de servicios públicos.
  • –  Promocionar desde los poderes públicos la vertebración de la sociedad, fomentando el fortalecimiento de organizaciones sociales sin mediatizaciones de tipo partidista. En particular, las asociaciones de vecinos, víctimas del caciquismo y del subvencionismo de la Administración del PP en el Ayuntamiento de Santander​. Es necesario un cambio de cultura en las fuerzas políticas en la que, sin cuestionar el papel fundamental atribuido constitucionalmente a los partidos políticos, se fomente la consolidación y crecimiento de organizaciones sociales fuertes e independientes

1.2. Transparencia

Creemos en el valor de la transparencia llevada hasta el límite como elemento disuasorio de la corrupción política. Creemos que hoy en día una transparencia radical no afectaría a la eficacia de las decisiones administrativas y políticas. Creemos que las medidas finalistas (procesales, civiles o penales), siendo necesarias no son suficientes y no solucionarán por sí mismas el problema de la corrupción. En todo caso, creemos que debe penalizarse de igual forma a todos los actores implicados en un acto de corrupción –no sólo al cargo público sino también al empresario o intermediario que paga al político –.

Medidas concretas:

  • –  Creación del “​Expediente Administrativo Transparente​”, favoreciendo la digitalización documental y su disposición para consulta de cualquier ciudadano dentro de los límites legales. En cualquier caso, dicha ​digitalización ​se aplicará progresivamente en el marco de la nueva ley de procedimiento administrativo de forma generalizada. De esta forma, se reducirá la opacidad en los fondos públicos y aumentarán los controles externos.
  • –  Los controles externos deberán formalizarse más allá del propio control de los ciudadanos considerados individualmente. Las auditorías de las diferentes unidades de la Administración municipal y el cumplimiento de la digitalización obligatoria se llevarán a cabo mediante controles ciudadanos, centralizados y coordinados en la Oficina de Transparencia y Control Ciudadano Municipal​, donde existirá participación mayoritaria de los agentes sociales implicados en cada sector. De igual forma, se publicarán las retribuciones y declaración de bienes de todos los cargos públicos o de libre designación
  • –  Creación de un ​Observatorio de Contratación Municipal ​formada por personal técnico, representantes de Grupos Municipales y de los trabajadores de empresas contratistas con la administración, con objeto de establecer controles sobre las grandes adjudicaciones y la ejecución de los contratos de prestación externa de servicios públicos, compras con los grandes proveedores….etc. Tendrá entre su objeto el evitar las subcontrataciones.
  • –  Creación de la ​Oficina del Funcionariado​, que permitirá a los funcionarios presentar quejas sobre las irregularidades detectadas en los expedientes administrativos a las instituciones de Control (Oficina de Transparencia-Control Ciudadano y Observatorio de Contratación).
  • –  Todas las ​empresas ​que tengan formalizados contratos con el Ayuntamiento de Santander deberán ​hacer públicas sus cuentas y contratos ​en tiempo real. Se prohibirá el incremento de las partidas (sobre costes) asignadas a proyectos cuyos presupuestos ya hayan sido aprobados. No se permitirán incrementos o sobre costes salvo situaciones excepcionales entre la fase de concurso y ejecución.
  • –  De igual forma, implementaremos un verdadero ​régimen de incompatibilidades que limite de forma absoluta la existencia de cargos públicos que tengan o hayan tenido intereses en empresas que formalicen contratos con la Administración municipal. Así mismo, dichas empresas no podrán contratar a aquellos ex altos cargos que hayan tenido relación con el sector económico de referencia o hayan participado de forma directa o indirecta en las adjudicaciones o contratos.
  • –  Instauración de principios de transparencia y accesibilidad de la información pública.– Implementar medidas de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, convocatorias, concursos y plazas de empleo.- Garantizar el acceso a toda la información pública tanto en papel como en formato electrónico abierto, operativo y descargable mediante servicios web de código abierto y accesible.- Crear un índice claro de la información que tiene la administración en su poder y de su lugar de publicación.- Fomentar la contratación pública transparente con publicación de lo debatido y acordado en cada mesa de contratación, listado de contratos contemplados con calendario, importe y contenido y con respecto a las empresas involucradas en la gestión de los servicios municipales.- Publicar y emitir públicamente las sesiones de los distintos órganos de gobierno del Ayuntamiento.- Introducir progresiva y preferencialmente el ​software libre ​en la gestión municipal.
  • –  Implementación de medidas contra la corrupción, la arbitrariedad y la discriminación en función de género.– Establecer la obligación de acatar y regir su actuación según los principios éticos de la candidatura de Unidas Por Santander tanto a sus cargos electos como al personal asesor, cargos de libre elección, personal eventual y miembros del grupo municipal.
  • – Publicar las agendas de cargos públicos, sus currículum vítae y percepciones, así como los protocolos e informes en los que basen sus decisiones.
  • – Desarrollar medidas contra la discriminación en función de género, con criterios de paridad y de defensa frente a cualquier discriminación o maltrato en todas las políticas y decisiones municipales, así como en los órganos de gobierno o de cualquier nivel de gestión.
  • – Establecer criterios de paridad en los órganos consultivos, deliberativos y decisorios de la ciudad y crear unidades impulsoras de políticas locales feministas, no sexistas, de equidad de género y de derechos humanos.
  • – Garantizar la aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en especial en lo referente a la simbología y al callejero.

1.3. Buen gobierno

La gestión de los asuntos locales debe estar regida por principios de transparencia, racionalidad y defensa de los servicios públicos, de manera que se asegure el acceso de la ciudadanía a toda información pública relevante, que la función pública esté desarrollada de manera justa y eficiente y que las instituciones y agentes encargados de ejecutar dicha función se rijan por principios de justicia y calidad profesional.

Medidas concretas:

  • –  Reformar la administración local para una gestión racional, justa y transparente.
  • –  Freno a la venta de patrimonio público y reorganización del uso de edificios y equipamientos públicos.– Frenar la venta de todo tipo de patrimonio público y garantizar su conservación y defensa.- Inventario actualizado y accesible de los recursos patrimoniales de propiedad municipal en uso, vacíos, abandonados e infrautilizados, para organizar su aprovechamiento inmediato.
  • – Aplicar políticas de equilibrio y gestión pública directa en el uso de los edificios y equipamientos públicos.
  • – Garantizar el interés social en el uso del patrimonio público.
  • – Fomentar y/o mantener los espacios de socialización e integración tales como Centros de mayores, mercados y pequeños equipamientos de proximidad y servicios comunes para personas ancianas y jóvenes en el propio entorno.
  • – Mejora de la estructura del Ayuntamiento y de las relaciones con los ciudadanos
  • – Reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera.
  • – Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude, garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de control y actuación.
  • – Establecer formas de participación del personal municipal en la gestión y en la organización de la estructura del Ayuntamiento.
  • – Establecer criterios transparentes y objetivos en la selección y retribución de los gestores, directores y personal artístico y cultural contratado en atención a los méritos académicos, profesionales y/o al proyecto de gestión presentado, con el fin de evitar el clientelismo.
  • – Garantía de plazos de respuesta expresa y motivada y notificación de los trámites a los administrados.
  • – Implementación de líneas telefónicas de coste reducido o gratuito para los teléfonos de atención al ciudadano y de las empresas municipales de prestación de servicios.

2. GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

El contexto político y económico en el que se anteponen los intereses de empresas privadas y mercados frente a la vida digna de las personas hace imposible hablar de democracia. No existe una democracia plena y avanzada en una sociedad donde no se garantice el pleno empleo, estable y con derechos, y donde siga habiendo personas que viven en la pobreza, en sus diferentes formas y expresiones.

Resulta evidente que garantizar el pleno empleo, estable y con derechos, y evitar que haya personas viviendo en la pobreza no está solamente en manos de un Ayuntamiento, pero sí aportar, en la medida de lo posible, tanto iniciativas políticas como medidas concretas que permitan encontrar vías de solución globales a estos problemas.

Será obligación del Ayuntamiento de Santander que nosotros gobernemos, crear las condiciones adecuadas y fomentar espacios de diálogo y colaboración entre los diferentes actores sociales, colaborar con otras entidades, órganos de gobierno, plataformas ciudadanas y con los movimientos sociales, para ser una gota más que se sume a la marea ciudadana de cambio que permita lograr hacer efectivas entre todos/as las medidas que en nuestro programa nos comprometemos a defender.

A nuestro juicio, el Ayuntamiento de Santander debe ayudar a vertebrar social y políticamente una alternativa socioeconómica distinta a la de los gestores del capital, y que tenga en la defensa de los Derechos Sociales plenos y efectivos una de sus líneas maestras. Y ello puede hacerse no sólo dictando normas y ejecutando políticas concretas con respaldo presupuestario suficiente, en el marco de las estrechas competencias legales que aún se reconocen a los ayuntamientos. Es necesaria también una doble labor, de pedagogía democrática y de liderazgo político, encaminada a cambiar la correlación de fuerzas social y política existente, para lograr cambios profundos. Unos cambios que beneficien a la mayoría de la ciudadanía que ha venido siendo maltratada por las políticas de recortes sociales y democráticos de los últimos años.

Para ello es necesario un redimensionamiento del gasto público, reasignando partidas presupuestarias, priorizando el gasto social sobre sectores y ámbitos en situación especial vulnerabilidad. Una reasignación de recursos sustentada en medidas como una auditoría y reestructuración de la deuda pública municipal cuyo pago a día de hoy implica cerca del 10% del presupuesto municipal. Todo ello acompañado de una racionalización de las políticas fiscales municipales, que vigile los posibles fraudes en el pago de impuestos como el IBI o el IAE y que establezca ayudas exenciones fiscales a los colectivos más desfavorecidos y que ayuden asimismo a un relanzamiento de la actividad económica en el municipio.

Una gestión municipal que depure los nidos de corrupción, que garantice la transparencia de las instituciones locales y el control del gasto público. Una gestión municipal donde, para lo cual, la ciudadanía pueda incidir de manera directa sobre cualquier ámbito municipal que les afecte y pueda desarrollar su capacidad de decisión independientemente de su condición económica o social.

Una gestión municipal que recupere el control y la administración de servicios públicos básicos, partiendo de una auditoría bajo control técnico y ciudadano que evalúe el impacto de las medidas de privatización y el desmantelamiento de lo público implantadas en los últimos años e identifique adecuadamente tanto los errores como los aciertos de las administraciones pasadas. Que paralice el expolio de los recursos públicos y los ponga al servicio de la ciudadanía y del bien común.

2.1- Auditoría y reestructuración de la deuda municipal

Los diferentes gobiernos municipales del Ayuntamiento de Santander han apostado por un modelo de ciudad sustentado en un desarrollo urbanístico no sostenible, basado en la creación infraestructuras innecesarias de nula utilidad a corto y medio plazo con cargo a los presupuestos municipales, que elevaron la deuda real de nuestro municipio hasta el 110% del presupuesto municipal en los primeros años de la crisis. Desde entonces la amortización de dicha deuda absorbe cerca del 10% del presupuesto anual, es decir, unos 20 millones de euros anuales.

Esta situación se ha visto además acompañada de una subida progresiva de impuestos municipales con puntuales rebajas en períodos electorales.

Ante esta situación es factible hablar de deuda ilegítima, ya que la mala gestión pública buscando favorecer los intereses de empresas privadas, cuya mala gestión es además socializada mediante la constante aprobación de aumentos de gastos presupuestarios sobre los presupuestos iniciales de licitación, repercuten en políticas tributarias que afectan al conjunto de los ciudadanos, sin respetar además el principio de equidad y que se vuelven especialmente perjudiciales para aquellos colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Se suma a esto el hecho de que dichas políticas de aumento de impuestos no han supuesto una reducción de la deuda, sino una excusa para ahondar en este modelo de endeudamiento irresponsable que compromete seriamente el futuro de nuestra ciudad.

Medidas concretas:

  • –  Auditoría y reestructuración de la deuda
    • –  Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda municipal bajo control técnico y social incidiendo sobre: sobrecostes de las obras públicas, contratos de mantenimiento, contratos de servicios (como servicios informáticos y otros), alquileres injustificados e intereses de la propia financiación.
    • –  Reestructurar la deuda e implementar las medidas necesarias para la renegociación de los tipos de interés, el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización y los periodos de carencia, la implementación de moratorias, quitas selectivas y el establecimiento de responsabilidades políticas y penales.
    • –  Estudiar la posibilidad de una sustitución financiera colectiva parcial o total con el objetivo de un ahorro en los costes de los préstamos contratados.
  • –  Auditoría de la gestión económica municipal
    • –  Estudiar la posible lesividad de actos administrativos de disposición de patrimonio público y suelo y estudiar la revisión de los actos que hayan supuesto especial perjuicio al patrimonio y los intereses públicos.
    • –  Llevar a cabo una auditoría ciudadana y la reorganización de las empresas, organismos y servicios municipales, con especial atención a Santurban y la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, en atención a los objetivos que deben perseguir, introduciendo criterios de rentabilidad social.

2.2- Denuncia de los nidos de corrupción

Garantizar una gestión municipal sin corrupción implica un gobierno local que garantice la total transparencia de las instituciones locales y control del gasto público. Que aplique las medidas de participación ciudadana ya señaladas, y reforme la administración local buscando una gestión más racional, justa y transparente, que no deje espacio a prácticas ilícitas amparadas en la opacidad, en cualquiera de los niveles de la misma.

Medidas concretas:

  • –  Mejora de la estructura organizativa del Ayuntamiento
    • –  Reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera.
    • –  Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude, garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de control y actuación.
    • –  Establecer formas de participación del personal municipal en la gestión y en la organización de la estructura del Ayuntamiento.
    • –  Establecer criterios transparentes y objetivos en la selección y retribución de los gestores, directores y personal contratado en atención a los méritos académicos, profesionales y/o al proyecto de gestión presentado, con el fin de evitar el clientelismo.
  • –  Creación de un reglamento o estatuto de concejal que:
    • –  Permita añadir transparencia al patrimonio y renta de los concejales, para impedir el tráfico de influencias, así como establecer una serie de incompatibilidades que impida el amiguismo y el enchufismo mientras ejercen el cargo y el premio una vez abandonen éste. Prohibición de las «puertas giratorias».
    • –  Limite los mandatos a no más de dos consecutivos y para los cargos de libre designación política remunerados no más allá de 8 años consecutivos.
    • –  Promueva la imposibilidad de presentarse en una lista electoral para los imputados (o «investigado») en casos de corrupción o violación de DDHH.

–  Publicar las agendas de cargos públicos, sus currículum vitae y rentas​.

–  Crear un ​Observatorio Ciudadano de la corrupción​.

–  Proponer al pleno la ​aprobación de un código ético del cargo público​, tomando como referencia el aprobado por Unidas por Santander.

–  Elaborar un ​Reglamento Municipal que desarrolle el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, mediante el establecimiento de unos criterios claros que especifiquen los conceptos de gasto de los grupos municipales y las características de las memorias económico-financieras en la línea de este documento.

–  Establecer la ​obligación de que los grupos municipales pongan, periódicamente, a disposición del pleno todas las facturas justificativas de los gastos cubiertos con los recursos económicos procedentes de las asignaciones a los grupos municipales, así como una memoria del destino de esos gastos.

–  Establecer la ​obligación de que todos los concejales y cargos públicos pongan periódicamente a disposición del pleno todas las facturas justificativas de las indemnizaciones por gastos ocasionados en el ejercicio del cargo​, en concreto, las dietas de transporte, alojamiento y manutención, así como una memoria de dichos gastos.

–  Elaborar un ​Reglamento que regule la adquisición y recepción de regalos o prebendas por parte de los cargos públicos en el ejercicio de su función,estableciendo límites y requisitos, y donde se defina parte del código de actuación pública que debe imperar al respecto. Dicho reglamento se incorporará al portal de transparencia.

2.3. Políticas impositivas, progresividad fiscal y lucha contra el fraude.

En los presupuestos de los últimos años, las partidas de ingresos por impuestos directos, impuestos indirectos y tasas representan cerca del 70% del total. Por este motivo, es obligado tener una política fiscal que revista una planificación seria y que responda a objetivos que vayan más allá de los meramente recaudatorios. Las ordenanzas fiscales tienen que tender a la progresividad fiscal y, de esta forma, contribuir a la equiparación de rentas y a la igualdad de acceso a los servicios públicos.

Nosotros no entendemos los incrementos en impuestos y tasas como algo en sí mismo negativo y puede ser un ejercicio de responsabilidad cuando se hace con criterios de eficiencia fiscal y social. Y es que ese es uno de los principales problemas del Ayuntamiento de Santander: la falta de criterios sociales en materia fiscal. Los pocos beneficios aplicados por el Consistorio se reducen a ligeras bonificaciones dirigidas a familias numerosas, pensionistas con rentas por debajo del nivel de subsistencia y personas con discapacidad; o al pago a plazos para algunos impuestos como el de vehículos o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para hacer posibles las propuestas de Unidas por Santander, es necesario la puesta en práctica de una política fiscal municipal de marcado carácter solidario, priorizando la empleabilidad de lo recaudado en gasto social, la redistribución equitativa de la riqueza, vigilando los posibles fraudes en el pago de impuestos y tasas municipales y creando exenciones fiscales a colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Medidas concretas:

  • –  Estudiar los recursos públicos que se detraen de las arcas públicas por medio de cesiones y subvenciones y exenciones de tasas injustificadas a entidades y organismos no municipales e implantar su eliminación.
  • –  Eliminar el pago del mismo para familias con ingresos totales inferiores a tres veces el IPREM.
  • –  Reestructurar las tasas que regulan el uso privado del espacio público(terrazas, pasos de vehículos, cajeros, espacio radioeléctrico, etc.) con baremos progresivos en función del tipo e intensidad de uso y con criterios de eficiencia medioambiental aplicado al uso.
  • –  Concesión de exenciones y bonificaciones a autónomos y pymes​, en aquellos casos donde se acrediten dificultades financieras.
  • –  Bonificaciones específicas en el Impuesto de Construcciones y Obras (ICO) a aquellas actividades vinculadas al sector primario y al pequeño comercio o autónomos en general​ –uno de los sectores más machacados por la crisis –.
  • –  Revisión con criterios de rena y progresividad fiscal del pago de servicios públicos básicos destinados a colectivos gran dependientes, tales como la teleasistencia domiciliaria o ayuda a domicilio.
  • –  Establecer la racionalidad impositiva en las redes de suministro de energía y ajustar las tasas por el uso​, ampliación e implantación de estas redes en espacio público, sea subsuelo, suelo o vuelo.
  • Revisar la tributación asociada a la actividad económica de las grandes empresas radicadas en la ciudad, activando el Impuesto de Actividades Económicas en este sector. Que las grandes empresas y multinacionales paguen sus impuestos en la Ciudad.
  • –  En términos generales, priorizamos la extensión de criterios sociales a la mayor parte de los tipos de impuestos, tasas y precios públicos. Para ello, habría que ‘actualizar’ bonificaciones y recargos a todo tipo de impuestos y tasas, incluyendo tablas de referencia que favorezcan de forma progresiva a aquellos sectores de población con mayores dificultades económicas y con rentas más bajas.
  • –  Establecer desgravaciones fiscales para el desarrollo de las energías renovables​, la rehabilitación de viviendas, la compra de vehículos eléctricos, empresas limpias.
  • –  No se concertarán contratos con aquellas entidades bancarias que tengan deudas por motivo del impago del IBI u otros ingresos públicos locales con el Consistorio. ​Sólo podrá trabajar con dichas entidades una vez satisfechas las cantidades adeudadas con los oportunos recargos en el año siguiente al pago de la deuda.
  • –  Incorporar en las Cláusulas Sociales de Condiciones de Contratación del Ayuntamiento de Santander, la valoración de la ​inexistencia de deudas por parte de las entidades bancarias con cualquiera de las comunidades de propietarios del municipio de Santander.
  • –  Hacer cumplir la ley respeto al establecimiento de la bonificación del 50% en el cobro del IBI a los titulares de viviendas protegidas.

2.4. Redimensionamiento y mejora de la gestión de empresas públicas.

Es necesario para Santander un plan estratégico de mejora de nuestro modelo económico, basado a día de hoy en el ladrillo y el turismo. Santander necesita una reactivación económica, enfocando la misma a sectores que favorezcan el empleo local y un consumo saludable y ecológicamente sostenible y eficiente.

El Ayuntamiento debe liderar esta reactivación a través de sus empresas y organismos públicos, con proyectos industrializadores que prioricen aquellos sectores de más alto valor añadido. En concreto, aquellos que vayan ligados a los nuevos sectores emergentes (energías renovables, Investigación Tecnológica, I+D+I etc…), dando sentido a la participación del ayuntamiento como miembro de la sociedad gestora del PCTCAN.

La gestión de las mismas deberá ir fundamentalmente encaminada a la creación de empleo municipal estable.

Medidas concretas:

– Se ​recuperará el control íntegro de la gestión de aquellos servicios públicos que hayan sido privatizados y se pararán y revertirán aquéllos procesos de privatización y externalización de servicios que estén ahora mismo en marcha. Asimismo se deberán establecer los mecanismos necesarios para fomentar la participación y FORMACIÓN ciudadana en la gestión de los empresas y servicios públicos que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de las mismas.

2.5. Presupuestos participativos

La gestión democrática de los asuntos comunes precisa de la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en el desarrollo activo de las acciones que permiten fortalecer el territorio. Los actuales presupuestos participativos, propuestos por el Partido Popular, son sólo un simulacro de participación ciudadana sin ningún tipo de carácter vinculante respeto a las decisiones de los vecinos y dotados con una cantidad exigua del presupuesto municipal. Para que la participación ciudadana sea real debe ser distribuida y efectiva y contar con instrumentos válidos, mediante presupuestos participativos, el desarrollo de herramientas digitales de debate y la capacidad de proponer y crear espacios donde se fomente la capacidad de gestión ciudadana.

Medidas concretas:

– Elevar de forma progresiva la partida presupuestaria correspondiente a los Presupuestos Participativos​, hasta alcanzar un mínimo del 50% del total del presupuesto municipal de inversión al final de la legislatura.

  • –  Puesta en marcha de un proceso de intensa difusión de la propuesta, que incremente en la medida de lo posible no solo la participación en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, como resultado de una intensa actividad pedagógica.
  • –  Creación de un grupo promotor del proceso, compuesto por ciudadanos que deseen participar de forma voluntaria desde el principio y un equipo técnico creado por el ayuntamiento, de manera que el equipo de gobierno comparta desde un primer momento el poder de decisión. La labor principal de este equipo será la elaboración del Autorreglamento del proceso de elaboración de los presupuestos participativos que sustituya al Reglamento actual, muy limitado en cuanto al carácter “participativo” de esta propuesta.
  • –  El Reglamento de Presupuesto Participativo definirá los tiempos y estructura del proceso, tales como las fuentes de las propuestas, de origen territorial y sectorial. También determinará la participación estableciendo posibles limitaciones a la misma, así como los criterios de admisión de propuestas y mecanismos y cauces de presentación de las mismas.
  • –  Se establecerá un calendario de asambleas definidas con criterios territoriales y temáticos, a través de los Distritos Municipales, para la presentación y debate de propuestas. También definirá el o los mecanismos de toma de decisiones, consenso, votación, mayorías cualificadas,…
  • –  Definirá la existencia de comisiones de evaluación y seguimiento del proceso que velen por el correcto cumplimiento del mismo.
  • –  Establecerá con claridad los criterios de priorización de propuestas entre todas las aprobadas.

2.6. Mejora de la gestión y el control de la ejecución de los contratos públicos.

Actualmente son numerosos los servicios municipales del ayuntamiento de Santander, gestionados por empresas privadas.

El hecho de que estos servicios sean gestionados por una entidad ajena a los servicios públicos municipales, no exime al ayuntamiento de su responsabilidad como garante de la gestión de estos servicios, responsabilidad atribuida por ley, lo que impone a la corporación una serie de obligaciones que no se agotan en el proceso de contratación, sino que continúa durante toda la vida del contrato, bien sea de ejecución de una obra o de un servicio. Periodo durante el cual se debe velar por el buen cumplimiento y desarrollo de la encomienda por parte de la empresa adjudicataria.

A este respecto, son frecuentes y habituales los conflictos y denuncias vecinales, consecuencia de la defectuosa prestación del servicio por parte de empresas concesionarias municipales. También son frecuentes los incumplimientos en los plazos de ejecución de las obras adjudicadas por este ayuntamiento, y los aumentos de presupuesto tras adjudicarse las mismas a través de bajas temerarias sobre el presupuesto de licitación. Asimismo también son frecuentes las denuncias de incumplimiento del plazo de pago a subcontratistas por parte de empresas adjudicatarias de este ayuntamiento. Todo esto es consecuencia de la insuficiente labor de control y supervisión ejercida hasta ahora por los sucesivos gobiernos municipales del ayuntamiento de Santander.

No existe en este consistorio una comisión de pleno que tenga como objeto el estudio específico y la vigilancia de la contratación municipal, como sí existe en otros ayuntamientos similares al nuestro.

Medidas concretas:

– Por esta razón, desde Unidas Por Santander, proponemos la creación de un Observatorio de la Contratación Municipal​, como organismo llamado a convertirse en la pieza clave del seguimiento y control en la ejecución de los servicios municipales sometidos a concesión y contrato público, así como de obras públicas u otros tipos de adjudicaciones que se lleven a cabo por parte del consistorio.

  • –  El observatorio primará las funciones de control, seguimiento y valoración y mejora de las condiciones de servicios y las ejecuciones de obra, tanto en lo referente a la prestación del mismo, y tanto en el caso de servicios externalizados y gestionados por empresas privadas, así como los sometidos a concesión y ejercidos por empresas privadas. Igualmente se elaborarán en el mismo las medidas correctoras oportunas.
  • –  La ciudadanía en general, ayudará a la fiscalización del cumplimiento de los objetivos del contrato como sujeto protagonista, no solo desde su condición de usuario, sino también desde su obligado rol político, dentro del debate de mejora de la red pública de servicios. Los trabajadores que desempeñen los servicios tendrán su propio papel dentro del observatorio, tanto en su rol de trabajadores como de vecinos, en cuanto al cumplimiento de las condiciones laborales por parte de las empresas que los gestionen.
  •  La puesta en marcha del Observatorio conllevará los menore costes adicionales a las arcas municipales. Su labor fundamental será hacer más transparente la gestión, permitiendo a los vecinos conocer el cumplimiento de las condiciones de ejecución de los contratos públicos, la calidad de la prestación de los servicios y el grado de eficiencia y eficacia de los mismos en todos los aspectos.

2.7. Creación del tribunal económico administrativo municipal.

Si a lo largo de los últimos años ha quedado algo de manifiesto en nuestro municipio es el desamparo al cual están sometidos los vecinos de Santander en sus litigios contra la administración local por las más diversas causas, especialmente las derivadas de algún tipo de irregularidad o “atropello” en materia tributaria, que pueda ser cometido por el propio Ayuntamiento de Santander. Casos como el famoso “catastrazo” en la zona norte del municipio, de esta última legislatura o la famosa sentencia que obligó a modificar la ordenanza que recoge las condiciones del cobro de las “plusvalías” y exenciones aplicadas a las mismas, también en esta última legislatura, son un claro ejemplo. En ambos casos los demandantes debieron recurrir, en sus reclamaciones, a otros órganos jurisdiccionales o bien a la justicia ordinaria, cuando esto no habría sido necesario si el ayuntamiento de Santander cumpliese la ley.

La creación de estos tribunales económico-administrativos de ámbito local se justifica por tres aspectos fundamentales:

  1. Para obtener la deseada ​eficacia ​en el actuar administrativo y proclamada en el artículo 103 de la Constitución española. Estos órganos reducirán la conflictividad en la vía contencioso-administrativa, con el consiguiente alivio de la carga de trabajo a que se ven sometidos los órganos de esta jurisdicción.
  2. Dicho órgano puede constituir un instrumento importante para ​abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en un ámbito tan sensible y relevante como el tributario, con el fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución.
  3. Dicho órgano constituye un filtro para depurar las disfunciones de los ayuntamientos en su actuación, convirtiéndose en un órgano de ​autocontrol de la Administración​, debiendo estimarse como posi​tivo que el legislador básico lo imponga.

En consecuencia desde Unidas Por Santander proponemos y nos comprometemos a la constitución inmediata del ​Tribunal Económico Administrativo Municipal de la ciudad de Santander​, amparados en la obligación de dar cumplimiento a la legalidad vigente y al propio ​Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander y ​satisfacer los siguientes objetivos y necesidades de nuestros vecinos:

  • –  Satisfacer la necesidad, consistente en dar amparo a los ciudadanos en sus reclamaciones frente a la administración local, garantizando las tres características fundamentales del órgano (independencia, celeridad y gratuidad), tal y como se expresa en el artículo 66 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de Santander.
  • –  Garantizar la independencia en la evaluación de sus reclamaciones frente al ayuntamiento. Una independencia técnica ya que dicho órgano aunque integrado en la Adminis​tración municipal, ha de ser autónomo en la toma de sus decisiones, con sujeción estricta al Derecho y sin poder recibir órdenes de la Administración activa., algo que no ocurre en las actuales.
  • –  Garantizar la celeridad en sus procedimientos o reclamaciones contra el ayuntamiento. Dicho órgano debe resolver las cuestiones sometidas a su pronunciamien​to con rapidez y prontitud al objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos, así como de lograr la de​seada eficacia, efectividad y eficiencia en la actuación administrativa. Obviamente, para cumplir ese objetivo (tres meses para resolver según el reglamento) es necesario que el TEAM tenga suficiente dotación presupuestaria, material y de personal, más allá de la competencia de los miembros del tribunal.
  • –  Asegurar la gratuidad en sus procedimientos o reclamaciones contra el ayuntamiento. No podrán imponerse tasas ni gravamen alguno por la interposición y sustanciación de las reclamaciones económico-administrativas loca​les.

3. VIVIENDA

En Unidas por Santander estamos comprometidos con el cumplimiento del artículo número 47 de nuestra constitución, que consagra “el derecho de todo ciudadano a disfrutar de una vivienda digna, siendo los poderes públicos los que tenemos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación”. Por ello nos proponemos la mejora de la accesibilidad a la vivienda en nuestro municipio, como uno de los grandes retos a afrontar en la siguiente legislatura.

Uno de los lemas habituales utilizados por grupos como la PAH o Stop Desahucios, tanto aquí en Cantabria como en el resto del estado, es aquel que reza “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”. Pues bien, gracias al gobierno del Partido Popular, en España, en Cantabria y por supuesto aquí en nuestro municipio, cada vez hay más gente sin casa y más casas sin gente. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 2007, año en que estalló la crisis, hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000. Actualmente el número de desahucios anuales en nuestra ciudad ronda la cifra de los trescientos. O lo que es lo mismo, en España se sigue produciendo un desahucio cada ocho minutos y al menos uno cada día en nuestro municipio, convirtiendo el problema de la vivienda en una emergencia social que, de manera persistente, cada vez afecta a más ciudadanos y familias. Esto con el agravante de que, a día de hoy, el 70% de estos desahucios se producen en viviendas en régimen de alquiler. Creemos que a la luz de estos datos no debería hacer falta insistir demasiado en la gravedad del problema. Y sin embargo, las dificultades de acceso a una vivienda digna, sigue siendo una circunstancia absolutamente ignorada por el resto de los partidos.

Nuestro municipio es además una de las seis capitales de provincia con el metro cuadrado de vivienda construida, de media, más caro del país.Esta circunstancia, unida a la falta de actividad y diversidad económica, la falta de creación de empleo y el incuestionable aumento de la precariedad laboral con una clara depreciación de los salarios, genera enormes problemas de accesibilidad a la vivienda, bien sea en régimen de propiedad o en régimen de alquiler. Esta circunstancia es la principal responsable de la continua caída de población de la ciudad, sin que hasta ahora se hayan puesto en marcha políticas eficaces que reviertan la situación.

Vivimos, por lo tanto, momentos muy difíciles para muchas familias y debemos poner todos los medios a su alcance para que puedan vivir dignamente.

En ese sentido, no sólo implementaremos medidas para evitar los desahucios o para ofrecer alquileres sociales a aquellas familias que han perdido su casa, sino que también aprobaremos normas y propuestas que penalicen, dentro de la legalidad, las viviendas vacías y las ejecuciones por parte de bancos y entidades financieras. Así como medidas que faciliten el acceso a la vivienda a precios asequibles a través de nuevas fórmulas de promoción de vivienda nueva.

Si Unidas por Santander ​gobierna, lo primero que haremos será declarar a Santander ciudad libre de desahucios. No se tratará de un brindis al sol o una declaración institucional como tantas otras, sin más recorrido que su vertiente mediática. Lo simbólico de dicha declaración irá acompañado de una serie de medidas contundentes y realistas que constaten la seriedad de nuestras intenciones.

El Ayuntamiento de Santander colocará todo el parque de viviendas de protección oficial o de titularidad pública para solucionar el problema de vivienda de las familias cántabras. Este será un instrumento fundamental para proporcionar viviendas de alquiler y alquileres sociales a los ciudadanos de nuestra ciudad, sobre todo, de aquellos en una situación más precaria.

Desde el Ayuntamiento de Santander se pondrán todos los medios legales posibles para impedir lanzamientos de viviendas cuando no exista la contrapartida de un alquiler social ya sea en la propia vivienda o en otra, de titularidad pública o propiedad de una entidad financiera. En el caso de no poder impedir la ejecución del lanzamiento, el Ayuntamiento de Santander debe comprometerse a proporcionar una vivienda a la familia desahuciada.

3.1. Implicación del Ayuntamiento en la protección de las familias desahuciadas. Protocolo antidesahucios y asesoramiento.

El pasado 25 de febrero de 2016, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, a propuesta de los ahora candidatos de Unidas Por Santander, una moción para habilitar un ​protocolo de actuación​ en casos de ​desahucio​ en nuestro municipio.

Dicha moción intentaba llenar un vacío en el municipio de Santander al no disponer el Consistorio de ningún protocolo de actuación en casos desahucios o lanzamiento.

Ante la inacción del Ayuntamiento de Santander, la plataforma Stop-Desahucios elaboró el desarrollo del protocolo incidiendo las medidas propuestas en la moción. Dicho documento se presentó el 3 de octubre de 2016, y presentaba un objetivo muy claro y ambicioso, que nadie se quedase sin vivienda en la ciudad de Santander y acabar con los desahucios en nuestro municipio en un plazo relativamente corto. El documento fue completamente ignorado por los miembros del equipo de gobierno municipal

Finalmente a finales de 2017 el equipo de gobierno del Partido Popular presentaba su propio Protocolo Antidesahucios.

El documento que presentó el equipo de gobierno y que finalmente se aprobó, estando actualmente en vigor, incumple de forma evidente la moción aprobada hace más de tres años. Especialmente en los apartados en los que la moción expresaba que el Ayuntamiento debería “​proporcionar recursos profesionales, económicos y habitacionales​”. En el texto presentado se difuminaban los recursos profesionales (no se ofrece ningún dato al respecto) y no se establecían los recursos económicos y habitacionales para las personas en riesgo de desahucio (más allá del recurso temporal del centro Princesa Leticia). La forma en que estaba, y está, redactado indicaba que en la práctica no valdría para nada y se convertiría en papel mojado, como así finalmente ha sucedido.

Por lo tanto, a día de hoy, tal protocolo antidesahucios, sigue sin existir en la práctica en la ciudad de Santander.

Medidas concretas:

  • – Elaboración de un nuevo Protocolo Antidesahucios​. El objetivo principal de las medidas contenidas en este documento es llegar a conseguir a medio plazo que el número de desahucios o lanzamientos en la ciudad de Santander para personas sin recursos sea igual a CERO. Por su carácter de urgencia y por falta de recursos económicos de los afectados, deberá contar con los mecanismos necesarios para dar una respuesta inmediata ante cualquier caso de desahucio, bien sea por una vivienda en propiedad o en alquiler, de cual tengan conocimiento los servicios sociales del ayuntamiento, empezando por iniciar un proceso de negociación con los propietarios de la vivienda. Se establecerán cauces de coordinación con la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria. Se proporcionarán los recursos profesionales, económicos y habitacionales necesarios para situaciones de extrema necesidad en los casos mencionados.
  • –  El Ayuntamiento de Santander proporcionará viviendas para alquiler social a los beneficiarios en aquellos casos en los que no haya acuerdo con los propietarios de las viviendas en proceso de desahucio.
  • –  El Ayuntamiento de Santander promoverá los acuerdos o convenios con las entidades bancarias, tanto en lo que atañe a la aplicación de las medidas contenidas en este protocolo como las necesarias sobre la cesión de viviendas para alquiler social, tanto para causas de desahucio como en general para aquellas personas sin opciones para acceder al mercado libre.
  • –  Se garantizarán los suministros básicos de agua, luz y calefacción a aquellas personas o familias que demuestren la imposibilidad del pago en situaciones de desahucio. Para lo cual, se elaborará el pertinente informe de los servicios sociales de Atención Primaria.
  • –  Se creará la ​Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda (OMDV) como un servicio que coordinará la estrategia municipal de actuación de cara a evitar los desahucios. Desde esta oficina se prestarán los servicios de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administradores de fincas y acompañamiento social a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en situación de vulnerabilidad para la defensa de sus intereses, a los que se atenderá de forma individualizada, preservando su intimidad.
  • –  La Oficina de Defensa de la Vivienda de Santander (OMDV) podrá, por otra parte, ofrecer información sobre préstamos hipotecarios, contratos de arrendamientos urbanos o procedimientos de desahucio a cualquier persona que lo requiera, relacionados con la competencia de asesoramiento municipal en materia de consumo. Podrá, entre otras cuestiones, informar a los posibles afectados si su hipoteca contiene cláusulas suelo y, si procede, los pasos a seguir para recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de ahorro con la que suscribió la hipoteca de su vivienda. Mediante este dispositivo se asesorará igualmente sobre el cálculo de las cantidades que sean exigibles y sobre la oferta realizada por la entidad financiera en el contexto del procedimiento regulado por el Decreto-Ley 1/2017 de 20 de enero.
  • –  Se constituirá un operativo de emergencia en los Servicios Sociales para poder actuar en este tipo de situaciones

3.2. Cero viviendas vacías en el municipio. Ni gente sin casa, ni casas sin gente.

Según un informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborado por el Observatori DESC, el Estado Español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13,7% del parque total – 3 millones y medio de pisos – y con un parque de vivienda social claramente insuficiente – menos de un 2% de las viviendas existentes.

Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto social de la combinación de esta situación con las dificultades de acceso a la vivienda, en tanto que son las más cercanas a la ciudadanía.

Muchos de esos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos principalmente por causas meramente especulativas porque se espera de que el precio del mercado vuelva a subir, o bien debido a que se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población.

El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función lucrativa y especulativa, eludiendo la función social contenida en la Constitución española.

Santander no es en ningún modo ajeno a esta problemática. Según el INE en Santander hay un total de 92.423 viviendas, de las cuales hay 8.318 secundarias y 10.721 son viviendas vacías (11,6%). Según otras fuentes, el número de viviendas vacías en Santander podría rondar las ​14.000 viviendas​.

Medidas concretas:

  • –  Aprobar una ​ordenanza con carácter de urgencia que establezca la calificación de las ​viviendas desocupadas con carácter permanente del municipio de Santander​.
  • –  Elaborar un ​Programa de Inspección y Registro de Viviendas deshabitadas del municipio de Santander​, con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas.
  • –  Elaborar un ​censo de las viviendas vacías ​de la ciudad y, en particular, las que sean propiedad de los bancos.
  • –  Instruir ​procedimientos administrativos contradictorios donde se determinen, conozcan y comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación, dando audiencia al interesado.
  • –  Modificación de la ordenanza ​no 1-I del ​Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ​estableciendo un recargo del 50% sobre la cuota líquida del impuesto para viviendas calificadas como desocupadas con carácter permanente​​como faculta​ ​el ​artículo 72.4 del TRLHL.
  • –  Modificación de la ordenanza ​no 7-T de la ​tasa de prestación del servicio de alcantarillado, ​para que el sujeto pasivo sea el propietario de la vivienda cuando ésta se encuentra desocupada con carácter permanente, con independencia de la existencia de un contrato de servicio con la empresa suministradora, ​Incremento de un 100% en la cuota fija trimestral para los propietarios de viviendas desocupadas con carácter permanente.
  • –  Modificación de la ordenanza ​no 5-T de la ​tasa por prestación del servicio de recogida de basuras, ​para que el sujeto pasivo sea el propietario de la vivienda cuando ésta se encuentra desocupada con carácter permanente, con independencia de si tiene contratado o no el servicio con la empresa suministradora. ​Incremento de un 100% en la cuota fija trimestral para los propietarios de viviendas desocupadas con carácter permanente.
  • –  Regular las bonificaciones para los titulares de viviendas deshabitadas quecedan su gestión en régimen de alquiler al Ayuntamiento de Santander vía directa o inidirecta. En ese caso, además de la supresión de los recargos contenidos en los puntos anteriores, podrán optar a una bonificación de hasta el 95% del IBI con arreglo al artículo 74.6 de la Ley de Haciendas Locales.
  • –  Promover la aprobación de una ley sobre el derecho a la vivienda​, que recoja las medidas de fomento del alquiler, tanto social como libre, así como las coercitivas o sanciones para las viviendas desocupadas con carácter permanente.
  • –  Crear un registro municipal general de demandantes de viviendas en alquiler social​.
  • –  Elaboración y aprobación de una ​Ordenanza de emergencia habitacional que regule todas estas cuestiones y, en particular, entre otros aspectos, la inspección y registro de viviendas vacías, así como los criterios de cara a la consideración y la concesión de viviendas sociales o en alquiler social, las ayudas para alquiler en el mercado libre, las medidas y criterios que penalicen las viviendas permanentemente desocupadas, la pobreza energética, etc.

3.3. Acuerdos con bancos para la cesión de viviendas vacías.

Como hemos mencionado con anterioridad en nuestra ciudad existen más de diez mil viviendas vacías, que según algunos cálculos podrían llegar a las catorce mil, de las cuales una gran parte estarían en manos de entidades bancarias y el SAREB.

Ante esta situación, las medidas llevadas a cabo por este ayuntamiento han sido escasas, de poco calado y absolutamente insuficientes. Se han limitado al anuncio de de compromisos no vinculantes, que apenas han supuesto la cesión de un pequeño puñado de viviendas por parte de las entidades bancarias al ayuntamiento para su gestión con fines sociales

Medidas concretas:

  • –  Alcanzar ​acuerdos con todas las entidades bancarias para la cesión al Parque extraordinario de vivienda social del ayuntamiento de Santanderde al menos el 30% de las viviendas que estas entidades tenga vacías en el municipio, para su puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler social.
  • –  Establecer ​en los contratos que el ayuntamiento firme con las entidades bancarias cláusulas sociales que comprometan a dichas entidades al cumplimiento de este acuerdo​.
  • –  Elaborar una ​ordenanza que regule el acceso al alquiler social de viviendas municipales​ que se encuentren en situación d desocupadas.

3.4. Gestión pública. Parque público de viviendas en régimen de alquiler social.

Para dar sentido al derecho constitucional a una vivienda digna, el Ayuntamiento de Santander debe aumentar su escaso parque de viviendas públicas y gestionarlo con criterios de eficiencia social destinada, por un lado a unidades familiares o de convivencia que merecen especial protección teniendo en cuenta su nivel de renta y cargas familiares o cesión temporal sin contraprestación mientras dura un proceso de lanzamiento tras una ejecución hipotecaria o un desahucio.

Para dotarse de viviendas el Ayuntamiento tiene dos vías: La gestión directa de viviendas cedidas temporalmente por los propietarios hacia la bolsa de alquiler o mediante intermediación entre propietarios y demandantes de viviendas.

Medidas concretas:

  • –  Se creará un ​Parque Público de Vivienda Municipal en Régimen de alquiler social ​en la ciudad de Santander.
  • –  Para su gestión se creará la ​Fundación Municipal de Vivienda y Alquiler (FMVA)​, con participación del Ayuntamiento y de los agentes sociales.
  • –  La ​Fundación Municipal de Vivienda y Alquiler (FMVA) realizará tanto labores de gestión directa de las viviendas como labores de intermediación entre el propietario y el inquilino.
  • –  La ​FMVA​, obtendrá viviendas para convertirlas en viviendas protegidas de cara a su puesta a disposición de los ciudadanos mediante alquileres sociales para las familias en situación de exclusión social o para alquiler en el mercado libre. Dicha obtención podrá ser mediante cesiones de uso con los propietarios de viviendas vacías, adquiriendo la propiedad, o cambiando el régimen de uso de las VPO existentes no transmitidas.
  • –  Se promocionará la rehabilitación de las viviendas cedidas como fórmula de retribución por la cesión.
  • –  Para casos de impago a particulares se habilitará un seguro de alquiler que será gestionado públicamente mediante cooperativas de crédito con participación pública.
  • –  Se elaborará una ​Ordenanza de regulación del acceso al alquiler social ​de las viviendas de titularidad o de gestión municipal que se encuentren vacías.

3.5. Lucha contra la morosidad de los bancos en comunidades de vecinos.

Al ya de por sí inaceptable hecho de que la mayor parte del stock de viviendas vacías en el conjunto del estado, se encuentren en manos de entidades bancarias, se une el hecho del habitual impago, por parte de las entidades bancarias, de los gastos asociados a estas viviendas en sus correspondientes comunidades de propietarios.

Hecho que dificulta la cesión de las mismas para incluirlas en un parque público de vivienda municipal.

Según un estudio del ​Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas el 48,48% de los inmuebles propiedad de los bancos mantienen deudas con las comunidades de propietarios, siendo el importe medio de la morosidad en cada comunidad 1.377 euros, según dicho estudio.

Este dato de morosidad de las entidades bancarias habría descendido desde el 2014 en un 14%. Sin embargo, el mismo estudio revela que Cantabria es, junto a La Rioja, la única comunidad autónoma en la que este descenso ha sido insignificante, permaneciendo estancada dicha deuda, a día de hoy, en los cinco millones de euros. Dato que extrapolado a la ciudad de Santander, supone que la deuda mantenida en esta ciudad por las entidades bancarias con las comunidades de propietarios es aproximadamente de 1,5 millones de euros.

Medidas concretas:

  • –  Elaborar en colaboración con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas un informe que determine las cantidades adeudadas por cada una de las entidades bancarias a las diferentes comunidades de propietarios de nuestro municipio en las que dispongan de algún tipo de inmueble.
  • –  Instar a las entidades bancarias que adeuden cuotas o derramas a las comunidades de propietarios del municipio de Santander, al pago inmediato de la totalidad de las mismas.
  • –  Incorporar en las Cláusulas Sociales de Condiciones de Contratación del Ayuntamiento de Santander, la valoración de la ​inexistencia de deudas por parte de las entidades bancarias con cualquiera de las comunidades de propietarios del municipio de Santander.
  • –  El Ayuntamiento ofrecerá a las comunidades de propietarios afectadas, la mediación y asesoramiento que precisen para el trámite de sus reclamaciones por impago, tanto a entidades bancarias como a otros propietarios.

3.6. Regulación de los alquileres abusivos.

Los últimos estudios demuestran que los precios de alquiler en Santander y en todo el conjunto del Estado no han dejado de subir, superando los precios récord que se registraron durante la época de la burbuja inmobiliaria. La crisis económica, las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad, y la especulación llevada a cabo por parte de fondos buitre, máximos poseedores de vivienda vacía en nuestro país, han provocado que los precios sigan subiendo.

Al mismo tiempo, el aumento de la desigualdad y los efectos de la crisis siguen siendo una realidad para mucha gente. Como consecuencia, cada vez es más difícil acceder a una vivienda en alquiler con un precio asequible.

Para hacer frente a esta situación, en Unidas Por Santander defendemos la necesidad de ​controlar el precio del alquiler de una parte de las viviendas de la ciudad​, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, para lo cual abogamos por una profunda modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dotar a los ayuntamientos de competencias con el objeto de poder controlar y regular el precio de los alquileres en sus correspondientes municipios.

Medidas concretas:

  • – Desarrollar las medidas ya expuestas que incrementen progresivamente la oferta de vivienda en régimen de alquiler en nuestra ciudad y de esta manera contribuya a un descenso de los precios.
  • – Crear un ​Índice municipal de referencia del precio del alquiler​ en función de la zona, la superficie de la vivienda, la calificación energética, etc. Este índice no tendría fuerza legal para determinar el precio de las viviendas, ya que ésta es una competencia estatal, pero sí que serviría para orientar el mercado y evitar que siga una tendencia inflacionista y especulativa.

3.7 – Auditoría y reconversión de la sociedad de vivienda y suelo.

Desde su creación en el año 2005, la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) ha llevado a cabo doce promociones de viviendas protegidas, acumulando un total de 1.018 viviendas, de las cuales, 806 han sido en venta y 212 en régimen de alquiler. La mayor parte de ellas se han construido entre los años 2009 y 2015.

Las viviendas protegidas son en su mayoría viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general con la excepción de la promoción de General Dávila, cuya calificación es la de viviendas de protección pública de régimen autonómico (VPP-RAC). Precisamente, salvo las 60 viviendas de General Dávila, todas las demás han sido construidas en la periferia de la ciudad: 482 viviendas en Primero de Mayo (cinco promociones), 201 viviendas en Peñacastillo Sur (dos promociones) y 275 en La Cavaduca (La Albericia, cuatro promociones).

El gasto de la SVS en la promoción de estas viviendas ha supuesto una inversión de alrededor de ​100 millones de euros durante los dos últimos lustros, de los cuales, 27,4 millones proceden de subvenciones del Ayuntamiento (cesión de suelo) y del Gobierno de Cantabria (subvenciones estatales en su mayoría).

A lo largo de la última legislatura, los propietarios de estas viviendas han denunciado en repetidas ocasiones las ​graves irregularidades en varias promociones de viviendas protegidas.

Medidas concretas:

  • –  Se emprenderán ​auditorias externas y se elaborarán informes periciales que certifiquen el estado actual de todas las promociones de vivienda protegida​ de la SVS en todo el municipio.
  • –  En caso de que los informes periciales corroboren los fallos de construcción denunciados por los vecinos ​se procederá a aprobar una partida presupuestaria de emergencia destinada a la subsanación inmediata de los mismos.
  • –  Se encargará una ​auditoría externa que examine y evalúe la gestión integral de esta sociedad municipal​.
  • –  En caso de encontrar cualquier irregularidad o de constatar fallos de construcción en origen, en las promociones de VPO, se procederá a la disolución de la SVS.

3.8. Cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso.

La crisis económica ha puesto en cuestión los modelos clásicos de tenencia de vivienda, actualmente firmemente arraigados aún en nuestra sociedad. Todo el mundo busca una cierta y lógica seguridad pretendiendo sentir su vivienda como algo suyo. Pero esto no solo se puede conseguir a través de un modelo de propiedad.

Frente a estos modelos clásicos de la compra o el alquiler, va teniendo cada vez mayor fuerza en nuestro país, el modelo de acceso a la vivienda a través de Cooperativas en Régimen de Cesión de uso. Un modelo que plantea un nuevo paradigma en el acceso a la vivienda y que le da al inquilino incluso mayor nivel de seguridad que los modelos clásicos, así como prioridad al valor de uso de la vivienda sobre su valor de cambio, impidiendo de este modo la especulación con un bien de primera necesidad como este.

Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso se organizan del mismo modo que otras cooperativas, cumpliendo, por lo tanto, con todos los requisitos exigidos por la Ley de Cooperativas. Los socios de la cooperativa tienen que realizar una aportación y si algún día deciden dejar la cooperativa tiene derecho a recuperar dicha aportación (realizando los ajustes correspondientes).

Una vez constituida la cooperativa, es necesario disponer de un solar (o un edificio viejo). Se podrá disponer de dicho solar o edificio mediante compra o cesión, en función de las circunstancias propias de cada caso. La misma cooperativa se responsabilizará de buscar financiación y construir el edificio (o renovarlo) y por un periodo indefinido será la cooperativa la propietaria y titular del edificio, pero no del solar (no necesariamente).

Una vez acabados los trabajos de construcción del edificio, este pasa a ser propiedad colectiva. Cada socio obtendrá el derecho al uso de una vivienda, a cambio del pago de una cuota o cantidad de dinero mensual que está por debajo del valor de mercado al uso. Dicha cuota se destinará a pagar los gastos de construcción y mantenimiento. Los socios nunca serán propietarios de la vivienda, pero podrán transmitir a sus descendientes el derecho de uso. Si algún día quisieran dejar la cooperativa (si desean cambiar de lugar de residencia por haber accedido a otra vivienda o por otra razón) recuperarían la aportación realizada (realizando los ajustes correspondientes), tal y como se hace en cualquier cooperativa. Como decimos la especulación no tiene cabida, ya que los inquilinos no pueden vender la casa ni alquilarla por un precio superior al establecido colectivamente.

Medidas concretas:

  • –  Elaboraremos un ​Plan Municipal para el fomento de las cooperativas devivienda en Régimen de Cesión de uso.
  • –  Pondremos a disposición de los colectivos interesados en este modelo, elsuelo necesario para su implementación, mediante procedimientos de cesión de suelo municipal, que primen los retornos sociales que dichos proyectos propongan generar, manteniéndose el ayuntamiento como propietario del solar.
  • –  Prestaremos ​asesoramiento técnico a estos grupos y colectivos a través de los servicios técnicos del Ayuntamiento.
  • –  Organizaremos ​campañas de difusión y promoción de este modelo de acceso a la vivienda.
  • –  El ​ayuntamiento colaborará como cooperativista en algunos de los proyectos de los que tenga conocimiento o colabore, mediante la cesión de suelo o el asesoramiento técnico. Accediendo de este modo a la adquisición de viviendas con destino al parque de vivienda municipal en régimen de alquiler social.
  • –  Elaboraremos un ​Plan de recuperación y rehabilitación de viviendas y edificios desocupados para que sean rehabilitados a través de este modelo Cooperativo en Régimen de Cesión de Uso.

3.9. Lucha contra la turistificación

Al fenómeno asociado a la especulación urbanística que tiene como consecuencia la expulsión de los residentes habituales de los barrios de nuestras ciudades, denominado Gentrificación, se ha sumado el conocido fenómeno de la Turistificación.

La turistificación se trata del impacto que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades, afectando a la configuración comercial o a los precios de la vivienda. De esta manera, afectan a los residentes de dichos barrios y ciudades propiciando que los servicios, instalaciones o establecimientos pasen a orientarse y concebirse pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos de forma permanente. Y por supuesto tienen también un efecto inflacionista en los precios de venta y de alquiler de las viviendas en los barrios afectados por este fenómeno y en su entorno.

El municipio de Santander no es ajeno a este problema y el impacto del fenómeno comienza a notarse en algunas zonas de la ciudad, especialmente en el centro.

Medidas concretas:

– Elaborar una ​Ordenanza Municipal Reguladora de Pisos Turísticos en Santander.

4. LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO Y ENTRE LA JUVENTUD

Para Unidas por Santander la situación de desempleo en nuestra ciudad es de tal gravedad que son necesarias ​medidas urgentes ​y los poderes públicos deben proveer recursos para afrontar el problema de forma directa.

Los datos sobre desempleo en Santander son alarmantes con cerca de 12.000 parados, un 16,3% de la población. De los cuales carecen de recursos sobre las 6.000 personas.

Es necesario que el primero de nuestros objetivos, una vez lleguemos al gobierno municipal, sea combatir estos niveles de desempleo; asociado también a una baja calidad y altísima temporalidad en el escaso empleo creado, sentando de esta forma las bases de la reactivación económica de nuestra ciudad que permita afrontar una dinámica de creación de empleo estable y duradero.

Ante esta gravísima situación, Unidas por Santander ha elaborado una propuesta para atajar el problema de forma inmediata y urgente.

4.1. Plan de empleo Municipal con el Ayuntamiento de Santander como empleador de último recurso.

Pondremos en marcha un Plan de Empleo Municipal con el Ayuntamiento de Santander como contratante de último recurso con las siguientes características:

La propuesta contará inicialmente con la participación, financiación y recursos de ámbito exclusivamente local durante el primer ejercicio, instando posteriormente a la participación y colaboración de otras administraciones

Se elaborará un programa público de empleo de carácter universal y voluntario, sin límite temporal, financiado por el Ayuntamiento de Santander y por los propios medios económicos de la Fundación. Las tareas que se llevaría a cabo serían de utilidad social, ambiental y comunitaria.

Medidas concretas:

– Se creará una ​Fundación Municipal​, también con participación y financiación de los agentes sociales y la sociedad civil, ​que con carácter de urgencia implementen medidas para la creación de empleo con salario mínimo garantizado y cuyas tareas sean, en principio, de utilidad social, ambiental y comunitaria. ​La ciudadanía ejercerá un control del programa, que decidirá a través de los Concejos de Distrito y el Concejo Abierto Municipal las tareas prioritarias a realizar en cada barrio o pueblo –democracia participativa– y que no sustituirían al trabajo público regular.

– Este plan de rescate ciudadano se completaría con la ​Renta Básica Condicionada Municipal (ver apartado Servicios Sociales), que ofrecería cobertura a gran parte de las personas que no reciben ningún ingresos actualmente.

Montar la estructura y los problemas de organización y gestión derivados provocará que dicho programa deba lleve a cabo según planes trienales. Teniendo en cuenta, claro está, la evolución del desempleo ya que, además, de forma indirecta el programa de empleo podrá reducir el desempleo por efecto del aumento del consumo interno en los sectores primario y de servicios.

En el primer año (2020) se aplicaría el programa a 500 personas. Gasto: 6 millones de euros anuales.

En el segundo año (2021) se aplicaría el programa a 2.000 personas. Gasto: 24 millones de euros anuales. Esta segunda etapa precisaría del apoyo y financiación de otras administraciones.

En el tercer año (2022) se aplicaría el programa a 3.000 personas. Gasto: 36 millones de euros anuales. Esta tercera etapa precisaría del apoyo y financiación de otras administraciones.

La propuesta sería mucho menos inflacionista que otras formas de fomento de la demanda agregada –como los programas de compras e inversiones públicas – porque las personas acogidas a este programa seguirían constituyendo una reserva de mano de obra más barata. Técnicamente sigue existiendo un ‘ejército de reserva’ pero se establece un suelo para los salarios: la variable clave es el salario garantizado que opera como un SMI real.

Es decir, la viabilidad del programa no es económica o técnica, sino de tipo político. Para Unidas por Santander se está confundiendo a la gente: El discurso que generalmente asumimos es que tiene que haber crecimiento para crear empleo. Pero eso no es cierto. ​El crecimiento es el resultado del trabajo no la precondición del mismo​. Si más gente trabaja, la economía crece.

4.2. Ayudas para el fomento del empleo estable e indefinido.

El Plan de Empleo Municipal con el Ayuntamiento de Santander como contratante de último recurso debe complementarse con un programa de ayudas al fomento del empleo estable en nuestro municipio.

Medidas concretas:

  • –  Se desarrollará un ​programa de ayudas municipales a la contratación de personas en situación de desempleo​, para empresas que están domiciliadas en el municipio de Santander.
  • –  Se prestarán ​ayudas a la contratación indefinida a aquellas empresas que conviertan los contratos temporales en indefinidos.
  • –  Se establecerán, a la par, ​bonificaciones en las tasas e impuestos municipales a las empresas que creen y fomenten el empleo de carácter estable​ e indefinido.

4.3. Medidas para el fomento del empleo juvenil y políticas de retorno de migrantes.

Un joven de entre los 16 y los 30 años y residente en Cantabria promedio tendrá un 35% de posibilidades de tener un empleo, un 19% de estar en el paro y un​ 51% de encontrarse inactivo laboralmente,​ este último es el porcentaje más alto de todas las autonomías españolas. En concreto, de los algo más de 70.400 habitantes menores de 30 años y en edad de trabajar de la región, 25. 000 trabajan y el resto (45.000) se encuentran en paro o situación de inactividad laboral.

Del total de jóvenes de Cantabria, apenas ​un 19% (25.218) ​ha logrado emanciparse del hogar juvenil.

A día de hoy, tanto en Cantabria como en Santander, se ha perdido más de la mitad de los empleos que se registraban en el año 2008 en estas edades y en consecuencia se ha producido el exilio de casi un 28% de la juventud cántabra y santanderina que desde el inicio de la crisis ha tenido que dejar la Comunidad Autónoma en busca de una oportunidad mejor, fuera de Cantabria o de España. Así, entre los años 2008 y 2016, la población menor de 30 años en edad de trabajar se redujo en Cantabria en más de 27.000 (de 97.419 a 70.404 y unos 10.000 en Santander), casi el mismo número que han perdido su empleo desde entonces (-27.106).

Es evidente que esta es una situación insostenible que tenemos que revertir, poniendo en marcha medidas que por un lado contribuyan a fomentar el empleo entre los jóvenes de nuestra ciudad y por otro permitan el retorno de los jóvenes que han tenido que emigrar en los últimos años como consecuencia de la crisis.

Medidas concretas:

  • –  Poner en marcha de manera coordinada entre las concejalías de Juventud y Empleo un ​Plan de evaluación de la situación del mercado laboral en la ciudad de Santander para el colectivo de jóvenes menores de 30 años, con el objetivo de identificar los desequilibrios entre oferta y demanda de empleo, cualificaciones y necesidades, y dando prioridad a las medidas de actuación inmediata.
  • –  Se elaborará un nuevo ​Plan Municipal de Juventud, en el que se definan objetivos y acciones en materia de empleo en relación a las conclusiones de dicho plan.
  • –  Se ajustará la oferta de formación de la escuela taller municipal a ámbitos profesionales con mejores perspectivas de inserción laboral que los impartidos en la actualidad, según determine el Plan de evaluación del mercado laboral de Santander.
  • –  Se creará una ​oficina local de las personas migradas y retornadas que garantice: facilidad de acceso a la información para las condiciones y requisitos de retorno dignas, habilitar un canal de comunicación entre las personas migradas y retornadas,
  • –  Consignar en el presupuesto las partidas necesarias para la puesta en marcha de las acciones que se deriven de las expuestas en los puntos anteriores.

4.4. Reserva de contratos municipales a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción

El empleo constituye hoy en día uno de los factores más determinantes a favor de la inclusión social. Sin embargo y, a pesar de una legislación cada vez más favorable a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos, las oportunidades de empleo generadas por el sector público para las personas en situación o riesgo de exclusión social resultan claramente insuficientes. Y en lo concerniente a este ayuntamiento, absolutamente inexistentes.

Sin embargo no caben más dilaciones que puedan amparar la inacción mostrada hasta ahora en esta materia. Y esto se debe a que urge una implantación inmediata de los llamados “contratos reservados” con la finalidad de dar ​cumplimiento a la nueva Ley de Contratos del Sector Público​, que no sólo “posibilita”, sino que ​“obliga” a las administraciones a reservar contratos públicos ​a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.

Medidas concretas:

  • –  Elaboraremos un ​listado de las concesiones administrativas, contratos municipales externalizados y/o lotes que puedan ser susceptibles de ser reservados a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, de conformidad y en cumplimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 del 8 de noviembre.
  • –  Crearemos un ​órgano de participación municipal sobre “Contratación pública Responsable”​, en el que estén presentes las entidades representativas de las empresas de inserción, centros especiales de empleo y la economía social y solidaria de la ciudad. Este órgano se encargará de concretar cuáles de los servicios o lotes pudieran ser asumidos por dichas entidades, dar seguimiento a la contratación municipal, así como para acordar el porcentaje de contratos reservados tal y como marca la Ley.
  • –  Pondremos en marcha un ​expediente administrativo que fije las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento del porcentaje acordado.
  • –  Una vez completado el expediente de conformidad a las disposiciones adicional cuarta y adicional cuadragésima octava de la Ley de Contratos, se impulsará un ​nuevo acuerdo de Pleno fijando de manera detallada el porcentaje y contratos sujetos a la reserva.

4.5. Otras medidas de fomento y creación de empleo

En el Ayuntamiento de Santander existe un hábito pernicioso que consiste en la constante ​subcontratación de servicios​. Desde Unidas por Santander estamos en contra de esa práctica ya que las adjudicaciones a la baja de los contratos acaban teniendo una incidencia negativa en el empleo. Las empresas adjudicatarias acaban reduciendo el personal para mantener el margen de beneficios previsto. En el caso de contribuir al gobierno municipal se recuperará la gestión pública de estos servicios y se invertirá ese margen de beneficios en la contratación de más personal.

Medidas concretas:

  • –  Se ​bloquearán las empresas de trabajo temporal en las actividades que dependan del Consistorio​.
  • –  Se ​reducirá el horario comercial de las grandes superficies​. Se ​fomentará el pequeño comercio​ mediante asesoramiento fiscal gratuito.
  • –  Las contrataciones a través de la Agencia de Desarrollo local deberán estar participadas por agentes sociales con objeto de evitar el clientelismo y la creación de perfiles profesionales ad hoc.
  • –  Gestión eficaz de los programas de empleo de Corporaciones Locales, primando una gestión directa del Ayuntamiento para evitar SANTURBAN.

5. RECUPERAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: UNA CUESTIÓN MÁS ALLÁ DE LO IDEOLÓGICO.

Desde Unidas por Santander nos proponemos recuperar Santander para (re)municipalizar los servicios públicos​: promoveremos una gestión eficiente de los recursos naturales y humanos, recuperando para lo público lo que ahora es tan solo una forma de garantizar la cuenta de resultados de algunas empresas. La remunicipalización de los servicios no es una opción, es una obligación.

Con dicho objeto pondremos en marcha un grupo de trabajo de carácter consultivo denominado ​Observatorio de Contratación del Ayuntamiento de Santander, del que formarían parte, además de los grupos políticos del consistorio, los técnicos responsables de los servicios municipales contratados, así como representantes de los agentes sociales de la ciudad, de las secciones sindicales de las empresas municipales o concesionarias y de la Junta de Personal del Ayuntamiento, con el objeto de hacer más transparente la gestión de los servicios, permitiendo a los vecinos conocer el cumplimiento de las condiciones de ejecución de los servicios, la calidad de la prestación y el grado de eficacia y eficiencia tanto económica como social y ambiental de los mismos, y facilitar las quejas y control vecinal en el cumplimiento de los servicios.

5.1​ ​El agua: un bien común

En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano y fundamentó este derecho en varios elementos clave:

Asequibilidad: el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar.
Accesibilidad física: la fuente de agua debe estar a menos de 1000 m de distancia del hogar.

Suficiente: se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para satisfacer las necesidades humanas básicas.

Es decir, la accesibilidad al agua, un bien necesario, es un derecho reconocido pero que en demasiadas ocasiones está sujeto a los intereses privados de empresas, que se benefician a cargo de ayuntamientos, titulares públicos de ese bien, que no gestionan de manera ni eficiente ni solidaria algo que debería ser prioritario en la agenda política de este país.

En el estado español, el control del suministro del agua potable ha pasado, en los últimos años, de los ayuntamientos a las empresas privadas. Una privatización impulsada por el Partido Popular y la Unión Europea a finales de los noventa que no ha sido contrarrestada, sino más bien apoyada en muchos territorios, por los gobiernos del PSOE. Según datos de Ecologistas en Acción, más del 50% de las aguas del Estado se encuentran en manos privadas, acaparadas en un 87% por dos empresas, Aqualia FCC y Aguas de Barcelona. Un auténtico oligopolio sin competencia.

Mientras tanto, en el resto del mundo occidental están tomando el camino inverso y se observa un regreso a lo público. Así, en ciudades como Atlanta (EE UU), París o Grenoble (Francia), Postdam y Berlín (Alemania), se está retornando a la gestión pública tras vivir experiencias privadas. Y en España tenemos los ejemplos de Valladolid, Manacor, Ermua, Torrelavega (que también ha comenzado con la remunicipalización del servicio de recogida de basuras y residuos), Arteixo, Medina Sidonia, Arenys de Munt, Lucena, Teo, los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, o uno de los últimos en incorporarse a esta tendencia, Terrassa. Otras grandes urbes, como es el caso de Barcelona, están en proceso de devolver a lo público lo que nunca debió estar en manos privadas.

Las ‘razones’ de la privatización

La principal razón por la que los alcaldes dicen privatizar el servicio del agua es por el déficit económico en el que se encuentran gran parte de los Ayuntamientos.

En la mayoría de los municipios se ha generalizado un tipo de concesión en donde la empresa adjudicataria paga un canon inicial y una serie de cánones mensuales o un porcentaje sobre la facturación por el uso de las infraestructuras públicas. En algunos casos, se establece que el canon inicial o parte de él, se reinvierte en la mejora de las infraestructuras. Sin embargo, en la mayoría de las concesiones, como el caso de Aqualia en Santander, dicho canon inicial no se destina realmente a la mejora del suministro o, mejor dicho, al mantenimiento de los recursos materiales del abastecimiento. De hecho, cuando la empresa privada invierte en la mejora de infraestructuras, lo repercuten directamente de manera abusiva en el recibo del agua, independientemente del pliego de condiciones de la concesión. Las multinacionales nos quieren hacer creer que lo privado es mejor que lo público. Sin embargo, no hay ningún estudio riguroso que así lo demuestre.

Para estas empresas, entrar en el sector de los servicios públicos es una tentación a la que pocas se pueden resistir. Y por una razón fundamental: el factor riesgo no existe y, por tanto, las ganancias están aseguradas. Por otro lado, en términos de eficiencia económica las empresas públicas y privadas pueden ser equiparables, pero desde el punto de vista social y ecológico no son igualmente eficientes.

5.1.1 Aqualia en Santander:

Desde el año 2004 el agua está privatizada en Santander, o más bien el servicio de abastecimiento de la misma. Se decidió apostar por un modelo de “gestión indirecta” en un servicio que casualmente era la única empresa municipal (SEMAS) que arrojaba beneficios año tras año. Desde entonces, se han sucedido las denuncias, las demandas por parte de los trabajadores, las malas prácticas, vertidos, averías, fugas y un sinfín de deficiencias en el servicio.

Pero, aunque solamente eso sería motivo suficiente para plantearse devolver a manos públicas la gestión del agua, este año hemos conocido el superávit de más de 2,4 millones de euros que acumula la empresa a costa de los y las santanderinas, un 48% por encima de los estipulado en los pliegos de contratación. Nuestra necesidad se ha convertido en su riqueza. Un expediente que aún está sin resolver por parte del equipo de gobierno.

Medidas concretas:

  • –  Declaración del agua como derecho y bien básico. Lo cual implica grandes limitaciones a la suspensión del suministro y al derroche del mismo (cuotas variables altas para consumos elevados, fomentando el ahorro hídrico con campañas de sensibilización).
  • –  Resolución del expediente de reequilibrio financiero a Aqualia y devolución a las arcas municipales del montante total del beneficio ilícito acumulado.
  • –  Fiscalización del contrato con la empresa adjudicataria por incumplimientos graves del mismo (falta de inversión) y ejercicio de penalizaciones por incumplimiento con el horizonte de la remunicipalización del servicio.- 
  • Erradicación de los desahucios hídricos del municipio de Santander, garantizando el servicio a personas en riesgo de exclusión social y atendiendo siempre a las necesidades vitales.
  • Actualización de las ordenanzas municipales para adecuarse a las necesidades actuales del suministro hídrico y a la remunicipalización del servicio.

El primer informe del servicio de intervención municipal sobre el resultado del ​cambio de tarifas municipales realizado en 2011, ha concluido que dicha modificación del régimen tarifario ha supuesto a AQUALIA mayores ingresos superiores a 12 millones de euros solo en el periodo 2011-2015, por lo que se ha abierto un procedimiento de reequilibrio financiero de la contrata con el objeto de recuperar el equilibrio de la concesión, una concesión que tiene una duración de 25 años, durante los cuales la empresa, controlada por FCC se ha asegurado un enorme retorno económico a costa de los santanderinos.

5.2​ ​Hacia la gestión de lo público: SMTU, limpieza, parques y jardines, residuos…

5.2.1 Santander sucio: un problema social

Desde hace unos años, los gestores públicos de la ciudad de Santander, a la sazón, siempre gestores del Partido Popular, han emprendido una escalada sin fin de privatizaciones de todos los servicios públicos, excepto el urbanismo, la joya de la corona de la corrupción municipal.

La privatización del agua no ha sido la única chapuza política, fueron muchos otros servicios a la ciudadanía que dejaron de ser realizados por el propio Ayuntamiento y se han ido adjudicando a empresas privadas, probablemente afines, como la concesión de la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios, a día de hoy gestionada por la UTE (unión temporal de empresas) “Santander Viva y Limpia II”: (Ascan Empresa Constructora y de Gestión SA y General de Asfaltos y Servicios, S.L.), por 17.505.495 euros/año y diez años de duración.

Los lazos del equipo de gobierno con Ascan son públicos y notorios, y están detrás de la permisividad con la que éste ha actuado durante toda la legislatura, convirtiendo nuestra ciudad en una de las menos valoradas de todo el estado en cuanto a limpieza viaria y recogida de basuras.

Son constantes y diarias las quejas y denuncias de los y las vecinas de Santander por la ineficiencia de un servicio a todas luces insuficiente, a las que hay que añadir el descontrol en la gestión de los vertederos ilegales que proliferan en ciertas zonas de la ciudad, casualmente los barrios más desfavorecidos por la acción del Partido Popular, los grandes olvidados. Y ante este caos en la limpieza de nuestra ciudad, el consistorio se limita a publicitar unos sensores de recogida Smart que no funcionan, a culpar a la ciudadanía de la suciedad acusándola de actitudes incívicas, y a enmoquetar los aledaños de los contenedores de cara a las elecciones municipales.

Unidas por Santander ha denunciado este hecho a través de sus representantes en el Ayuntamiento (Santander Sí Puede e Izquierda Unida) en numerosas ocasiones. Los incumplimientos reiterados y graves del pliego de contratación que tiene suscrito la empresa con el ayuntamiento han suscitado la petición de la remunicipalización del servicio de basuras, toda vez que se está más que justificada la resolución del mismo.

Ante esta escandalosa gestión de lo público, desde Unidas por Santander, apostamos por una gestión totalmente municipal de los servicios públicos de la ciudad.

A nuestro modo de ver, los servicios a la ciudadanía no pueden, bajo ningún concepto, estar a la expensa de una gestión mercantilista y cuyo fin último y único sea generar beneficio. Cuando un Ente público, adjudica a una gestión privada la realización de esos servicios, solo existen dos modos para que cuadren las cuentas de la empresa adjudicataria, a saber:

*Sobrecostes por encima del valor real del servicio, en cuyo caso, se malgastan los impuestos de los ciudadanos que estarían pagando más por lo que el propio Ayuntamiento podría llevar a cabo por un coste inferior.
*Precios a la baja que la adjudicataria, como no puede ser de otro modo, repercutirá sensiblemente en la calidad del servicio, reduciendo costes en su realización y precarizando en grado superlativo el empleo y los salarios de sus trabajadores.

Medidas concretas:

  • –  Fiscalización del contrato con la empresa adjudicataria por incumplimientos graves del mismo con el objetivo de resolver el contrato con la adjudicataria Ascan​, ajustándose a los criterios marcados por la Ley de Contratos del Sector Público y el pliego de condiciones del mismo.
  • –  Remunicipalización del servicio público de limpieza viaria​, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios.
  • –  Campañas de sensibilización para la reducción de los residuos​, mostrando que otra manera de consumir, más cívica y que genera menos impacto medioambiental, es posible.
  • –  Implementación del quinto contenedor, el marrón, para la recogida selectiva del material orgánico y su posterior utilización como compost.
  • –  Control exhaustivo de los vertederos ilegales y el compromiso de acordar con la administración autonómica nuevos puntos limpios y mejoras en la gestión de los ya existentes.

5.2.2 Parques y jardines: una bajada temeraria que hace peligrar el servicio y la plantilla.

El ayuntamiento ha sacado a licitación este año el contrato del servicio del SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS, anteriormente gestionado por ​a la UTE “Jardines Santander”, por la cantidad de 7.714.521 € anuales durante cuatro años, prorrogables a otros dos. Y el premio gordo parece que se lo lleva COPSESA, otra vieja conocida del Ayuntamiento y de las bajadas temerarias (Mantenimiento de Viales, obra del vial de Amparo, la Albericia o el parque de Tetuán). Esta concesión ha desatado un conflicto laboral con la actual plantilla, que ve peligrar sus puestos de trabajo, ya que la bajada del 16% respecto al contrato anterior supondrá no poder asumir la totalidad de las nóminas de los 199 trabajadores, a la vez que prestar el servicio con unos estándares mínimos de calidad.

Medidas concretas:

  • Remunicipalización del servicio de Mantenimiento Integral de Parques y Jardines, garantizando la estabilidad de los puestos de trabajo y la calidad del servicio, toda vez que el contrato con la anterior adjudicataria estaría finalizado.

5.2.3 SMTU: de la privatización encubierta al desastre del Metro TUS.

La gestión del servicio de transporte urbano de Santander daría para un programa municipal en sí mismo. Es un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer mal, peor y, después, de una forma absolutamente desastrosa para la ciudadanía y para las arcas públicas. Lo único que habría que agradecer al consistorio es la capacidad de movilización ciudadana que ha tenido: toda una ciudad protestando contra la obra más absurda de esta legislatura. Apunte aparte merecen la diferenciación por clases sociales de los apeaderos: con baños y acristalados los del Sardinero, a descubierto en el resto de la ciudad. Una ciudad pensada para segregar y marcar las diferencias económicas entre los pudientes y los precarios, y que desde el ayuntamiento no se deja fomentar, creando barrios de primera y de segunda, incluso con las paradas de autobús.

EL METRO TUS, siete meses después de su puesta en marcha, y siete millones de euros mediante, ha cedido bajo la presión ciudadana y la de la oposición en el ayuntamiento, quienes han conseguido que un equipo de gobierno obtuso y cerril, diera marcha atrás al ver peligrar el bastón de mando.

Y un capítulo aparte merece privatización encubierta a modo de externalizaciones de líneas en el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (​TUS​). En el año 2007, el Ayuntamiento arrendó las líneas propiedad de ALSA de Monte L18, La Albericia-Ciriego L17 y 1º de Mayo – Zoco L19. A partir de ese momento y aunque con posterioridad, al finalizar las concesiones de dichos recorridos, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria, adjudicó la titularidad de las mismas al consistorio Santanderino, el Ayuntamiento siguió pagando por la prestación de esos servicios que podría haber realizado con sus propios medios humanos y materiales. No contenta con eso, la Corporación santanderina adjudicó a la misma empresa mediante concursos ‘a medida’ los servicios nocturnos, servicios especiales y cada línea que han sido creadas desde entonces: L-20, L-21 y L-23. Todas esas concesiones han ido acompañadas de denuncias por parte del comité de empresa del SMTU, por la baja calidad que aporta ese servicio y las lamentables condiciones laborales de los trabajadores que los prestan, así como el elevado coste de las mismas.

Escasez de servicios en los días de verano, falta de renovación de la plantilla e incorporación de los conductores necesarios para poder cubrir con garantizas la totalidad del servicio, el retraso de las nuevas cocheras que llevan quince años construyéndose –las actuales están en unas condiciones laborales y de seguridad lamentables-, son solo una pequeña muestra de cuánto le importan al PP los servicios públicos de nuestra ciudad.

Medidas concretas:

  • –  Declaración del servicio de transporte urbano de Santander servicio público esencial de la ciudad, equiparandolo con otros servicios esenciales y garantizando así la contratación de la plantilla necesaria para dar cumplimiento con garantías a la ciudadanía.
  • –  Revisión de las líneas y la frecuencia de las mismas​, con el fin de conectar los barrios periféricos con el centro de la ciudad, fomentando la integración de los mismo. No podemos tener más tiempo barrios de primera y barrios de segunda.
  •  Finalización de manera inmediata de las obras de las nuevas cocheras del SMTU​, dignificando un servicio primordial para la ciudad.
  • –  Fomento mediante campañas de sensibilización del uso del transporte urbanoen la ciudad, junto con la creación de parkings disuasorios conectados mediante lanzaderas con el resto del servicio discrecional.
  • –  Refuerzo suficiente en los días vacacionales​, para dar un servicio de calidad a los visitantes que se acercan a disfrutar de Santander sobre todo en periodo estival.
  • –  Recuperación de las líneas “externalizadas”​, integrándose en las gestionadas directamente por el ayuntamiento.

Si bien esos son los grandes contratos de gestión privatizada, no son menos importantes los de Mantenimiento de viales​​el Alumbrado público ​el servicio de Grúa, la OLA o el de asistencia domiciliaria. Todo un reto de gestión para un gobierno del cambio.

Unidas por Santander se compromete a:

REALIZAR ​una recuperación paulatina de todas las concesiones, en el momento de sufinalización.

AUDITAR todas las concesiones de los servicios públicos del consistorio para garantizar que los pliegos de condiciones actualmente en vigor se cumplen con el rigor exigido por la ley.

RESCINDIR​, con el asesoramiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander, todos aquellos contratos susceptibles de ello a la menor brevedad.

GESTIONAR ​la subrogación de los contratos de los trabajadores de las empresas que pierdan su concesión, para garantizar no generar ningún perjuicio a los integrantes de las plantillas.

RECUPERAR ​los servicios públicos privatizados.

6. IGUALDAD: HACIA UN AYUNTAMIENTO FEMINISTA

Desempleo, precariedad, recortes de derechos sociales, violencia, discriminación…todas nos sentimos plenamente identificadas con las reivindicaciones de los colectivos feministas. Unidas por Santander tiene un firme compromiso con la igualdad real y quiere que nuestro ayuntamiento se convierta en un modelo de gestión que refleje las demandas de una sociedad que sale a la calle cada 8 de marzo para denunciar que nuestro país sigue necesitando avances con perspectiva de género.

No podemos seguir sordas, mudas y ciegas, dando la espalda desde las administraciones a la mitad de la población y por eso queremos que el ente local, el más cercano a la ciudadanía, sea un ejemplo claro de que las mujeres deben ser iguales en derechos y oportunidades.

Los recortes y retirada de competencias a las corporaciones locales que hemos sufrido bajo el mandato del Partido Popular, han dejado a las mujeres huérfanas en muchos casos de la protección suficiente para hacer frente a una sociedad eminentemente patriarcal. Con una dotación presupuestaria contra las violencias machistas pírrica, una crisis de los cuidados que pone contra las cuerdas a un sistema que se sustenta en el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar (madres, cuidadoras de dependientes, trabajadoras a tiempo parcial en condiciones precarias…), un acceso al mercado laboral y una brecha salarial que no deja de crecer, es desde lo local desde donde podemos y debemos trabajar para la consecución de las reivindicaciones de la lucha feminista.

6.1.​ ​TENEMOS UN PLAN:

Unidas por Santander tiene un plan, un plan para la Igualdad de Género. Entendemos que el feminismo es un eje transversal, integral y multidisciplinar, sobre el que deben girar todas las políticas públicas que se lleven a cabo en cualquier ayuntamiento. Entendemos que ponerse las gafas moradas a la hora de legislar, contratar o simplemente tratar con nuestras vecinas y vecinos solo es un síntoma de una administración sana y centrada en dar la mejor atención a la ciudadanía. Y por ello queremos implementar un modelo de actuación general que permee todas las áreas y concejalías. La igualdad real, la justicia de género, nos permitirá construir una ciudad más equitativa, más humana, más sostenible, más acogedora, en la cual todas podamos sentirnos cuidadas, independientemente de nuestro género, situación u orientación sexual.

Medidas concretas

– La concejalía de Feminismos y LGTBI. ​Nuestro ayuntamiento tiene una estructura administrativa obsoleta, que no se adapta a los tiempos actuales. En el caso de la igualdad nos encontramos con una concejalía que asume los siguientes campos:Concejalía de familia, servicios sociales, inmigración y cooperación al desarrollo​. Desde Unidas por Santander nos preguntamos dónde quedan en ese espacio las familias diversas, las monoparentales, las mujeres y hombres sin familia…en definitiva, dónde quedan los nuevos modelos sociales de convivencia si están relegados a formar parte de una mezcolanza de servicios dentro de la misma concejalía. Por ello queremos modificar la estructura administrativa y dotarnos de una concejalía propia, que asuma la importante tarea de crear un espacio igualitario y una ciudad plenamente feminista. La responsable de la misma trabajará en coordinación con el resto de concejalías para dotar a Santander de ese Plan para la Igualdad de género.

– Redacción y elaboración del Plan para la Igualdad de Género. ​Desde la concejalía de Feminismos y LGTBI, junto con todos los actores sociales, la Universidad de Cantabria, colectivos de mujeres y asociaciones LGTBI, se elaborará de manera participativa un ​Diagnóstico de Género tanto de la ciudad de Santander como del propio ayuntamiento, con el fin de detectar las debilidades y problemáticas que desde el mismo podemos y debemos atajar. La desigualdad, la precariedad, las violencias tienen nombre de mujer, y necesitamos conocer el punto exacto en el que nos encontramos para poder recuperar la ciudad para todas, para construir un nuevo espacio en el que las mujeres tengamos voz, capacidad de decisión y participación, en el que nos sintamos libres de violencias machistas, en el que cualquiera que sea nuestra orientación sexual, religiosa, clase social o cultura, podamos sentirlo como propio.

El plan deberá estar redactado en el primer año de legislatura para implementar sus conclusiones los tres años siguientes y se pondrán al servicio del mismo todas las herramientas participativas necesarias para que no sea el texto de unos pocos, sino el Plan de todas. Para ello, este mismo programa prevé en el punto 1 nuevas formas de ​Participación y Transparencia​, de gobernanza abierta, que ayudarán a la elaboración del mismo.

Implementación del Plan para la Igualdad de Género.

El Plan se vertebrará sobre el diagnóstico elaborado de manera participativa por la concejalía de Feminismos y LGTBI, pero entendemos que deberá contar entre sus objetivos con los siguientes y que deberá tener una dotación presupuestaria suficiente para llevarlo adelante:

  • Incorporar políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres.
  • Servicios gratuitos o subvencionados en función de la renta, de educación infantil de 0 a 3 años con el fin de fomentar la conciliación familiar.
  • Atención a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas.
  • Implantar un Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
  • Aprobar unos presupuestos participativos con perspectiva de género.
  • Promocionar a las mujeres en política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales.
  • Fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores.
  • Tomar medidas concretas contra las violencias machistas, las violaciones y los abusos sexuales, acompañando asistencial, jurídica y psicológicamente a las víctimas durante todo el proceso. Colaborar con la administración autonómica y estatal para dar dicha asistencia, además, en el ámbito económico, laboral y de vivienda. Las mujeres que denuncian no deben sentirse solas en ningún momento. Realizar un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía con los hombres, y en la separación o divorcio.
  • Santander Libre de Trata: poner en marcha los protocolos necesarios para erradicar la Trata de personas con fines de explotación sexual de nuestro municipio. Realización de campañas denunciando la extrema violencia que sufren las mujeres prostituidas por parte de proxenetas, chulos y clientes, poniendo el foco en el consumidor de prostitución. Negar los permisos municipales para abrir locales, sean cuales sean, donde se ejerza la prostitución.
  • Elaboración de un nuevo PGOU con perspectiva de género, incidiendo en un urbanismo feminista, que priorice los cuidados, zonas de esparcimiento y comunidad, evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases, reforzando el sentimiento de vecindad. Es imprescindible mejorar la seguridad en nuestras calles manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.
  • Facilitar el acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Campañas de concienciación y prevención ante las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, así como iniciativas de formación y educación sexual, diversa y respetuosa con las diferentes identidades LGTBI.
  • Incorporar sistemas de evaluación y control continuos de las políticas feministas aplicadas desde al ayuntamiento.
  • Promoción de la igualdad de género en las estructuras institucionales.
  • Formación de género para todas y todos los empleados municipales y cargos públicos pertenecientes al consistorio.
  • Introducción, a través de las cláusulas sociales de los contratos del sector público, cláusulas específicas de género, así como en las subvenciones y las concesiones.
  • La comunicación del ayuntamiento tanto hacia afuera (publicidad campañas, etc) como hacia adentro, debe ser inclusiva y revisada desde la perspectiva de género.
  • Memoria histórica y colectiva: lo que no se nombra no existe. Y Santander nosolo tiene un callejero en el que aún perviven nombres asociados a la dictadura franquista, sino que es un callejero machista. Se priorizará la visibilización de las mujeres en el mismo buscando la equidad de género, así como en los espacios públicos pertinentes. De la misma forma se harán campañas educativas dando a conocer las grandes figuras femeninas y sus logros en todos los campos, tanto de nuestra ciudad como de nuestra comunidad autónoma.

7. SERVICIOS SOCIALES

Recuperar Santander para tener unos servicios sociales, sanitarios y emocionales: atenderemos a quienes no tienen otra forma de cubrir sus necesidades básicas si no es mediante prestaciones de su administración pública más cercana, la casa de todos y todas.

7.1. La atención del Ayuntamiento de Santander.

La asistencia que se presta en la ciudad de Santander a las personas que se encuentran en una situación precaria y de vulnerabilidad tanto económica como social, son insuficientes, ineficaces e ineficientes. Desde Unidas por Santander, vemos la necesidad de una mejora en la organización de los servicios que se prestan en lo social desde la administración. Creemos que con pocos medios y contando con los que ya se tiene, se puede llegar a beneficiar a un mayor número de personas y mejorar el servicio que estas reciben.

Durante estos últimos años hemos visto cómo la crisis se ceba especialmente con ciertos sectores de la sociedad que ven como cada día sus demandas y necesidades no son satisfechas, y si lo son no llegan a cubrir sus necesidades. El aumento del empleo precario ha convertido a las y los trabajadores en pobres con trabajo, de manera que aun estando empleadas no son capaces de llegar a fin de mes. Y son los colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes, migrantes, personas racializadas) quienes más sufren dicha situación.

Tenemos ejemplos como ​El Albergue Municipal Princesa Letizia,​ centro abierto desde el año 2009: este centro cuenta con 144 plazas de alojamiento, 50 para personas sin hogar, 43 en apartamentos para familias, 30 de inserción social y el resto, para emergencias sociales. Ha supuesto una inversión de 6’5 millones de euros, sufragados principalmente por el Ayuntamiento de Santander.

El centro dispone de 50 plazas habilitadas, únicamente para hombres y mujeres adultos. La ocupación media del albergue se encuentra alrededor de 40/45 personas. No es muy representativa ya que únicamente se ofrece la posibilidad de pernoctar 4 noches y no volver a tener acceso y permiso al mismo hasta 3 meses después en personas no empadronadas.

Medidas concretas:

– Habilitar el centro y todas sus plazas, para adultos y familias,​llevándolo a su máximo rendimiento.

– Mejora de la colaboración y supervisión del centro municipal con los diferentes recursos del ayuntamiento,​ culturales, asociativos, educativos, socio-laborales, etc. Ampliación del número de días de media, en cuanto a la estancia en el centro.

7.1.1. Programa de Alquiler Social y apoyos para familias

Actualmente en Santander el Ayuntamiento gestiona junto con varias entidades sociales del municipio, varios pisos donde se instalan familias sin recursos durante un tiempo no inferior a los 6 meses. Se deben ampliar el número de pisos, negociando con las entidades bancarias una mayor cesión de pisos desocupados en propiedad de las mismas. Este recurso está pensado para dar una opción y no caer en la exclusión a familias con menores a cargo. De la misma manera es un lugar donde las familias pueden organizarse para orientar la nueva etapa y además para realizar una búsqueda de empleo sin la presión de un alquiler.

Son las entidades quienes se encargan del mantenimiento de los servicios básicos y mínimos para mantener un nivel digno de vida. Los pisos son propiedad del Ayuntamiento o son las entidades bancarias quienes se lo ceden a las entidades para que estas los rehabiliten y den acceso a los nuevos inquilinos.

Medidas concretas:

  • –  El ayuntamiento tiene un ​parque de pisos propios de los que demandamos que se incorporen a la lista ​de este programa los suficientes para que se de atención a la gran demanda que hay en Santander que den acogimiento temporal a familias que no llegan al SMI. Dando servicio al máximo número de familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Debe ser la administración la que se encargue de los gastos económicos de los pisos.
  • –  Servicio Municipal de Transportes de Santander (SMTU) El Ayuntamiento de Santander ya tiene a día de hoy implementadas medidas tarifarias para ciertos colectivos, presuntamente en situaciones de dificultad como pensionistas, familias numerosas o para parados, sin que sepamos en el caso de estos últimos los criterios de concesión de las mismas. Sin embargo, mientras los pensionistas tienen marcado un umbral de renta, no ocurre lo mismo con las familias numerosas cuyo único requisito es la composición de la unidad familiar sin atender a su situación económica. Se produce así la paradoja de ver a usuarios con alto poder adquisitivo que viajan en los autobuses de forma gratuita, mientras familias en situación de exclusión social, sin empleo y sin recursos para la subsistencia, deben abonar el billete por tener “solo” dos hijos a cargo. Desde Unidas por Santander contemplamos como imprescindibles un reajuste de las tarifas más solidario y realista. El Ayuntamiento debe de ser el principal benefactor y protector de las personas en situación de exclusión social, proporcionando servicios a estas personas. Existen servicios que prestándose a las personas en exclusión se evitaría un gasto importante para estas personas y tienen un coste mínimo para la administración.
  • – Para ​aquellas familias que no superen EL SMI (SMI euros anuales en su declaración de la renta y sean residentes en Santander o estén en proceso de petición de la residencia en el municipio (además de algunas excepciones más), debería contemplarse la bonificación total del servicio de transporte urbano. Esta medida facilitará su inclusión en la vida social del municipio, el fomento del transporte público como medio de locomoción más ecológico y sostenible, además de la inserción laboral de quienes se encuentran en situación de desempleo. El Ayuntamiento ya dispone de una red de transporte y una flota de autocares, por lo que creemos que esta medida no supone un incremento del gasto municipal.

7.1.2 Pueblo Gitano:

Desde Unidas por Santander, somos sensibles a aquellas minorías que componen nuestra sociedad. En nuestra manera de trabajar nos caracteriza primeramente la escucha activa de las realidades de los afectados por diferentes problemáticas, de ahí pasamos a un diálogo para visionar las posibles soluciones. En nuestra candidatura somos conscientes de las problemáticas a las que se enfrenta cada día el Pueblo Gitano afincado en Santander desde hace más de cinco siglos. A raíz del profundo diálogo que hemos mantenido con este colectivo, hemos llegado a unas pautas y soluciones que formarán parte del trabajo a desarrollar con este colectivo. El pueblo gitano tiene unas características culturales, étnicas e idiomáticas, que enriquecen nuestra tierra y muchas veces han sido obviadas e incomprendidas por las autoridades junto con buena parte de la sociedad. Somos conocedores de los diferentes avances que se han producido por parte de miembros del colectivo y las instituciones, pero ha llegado el momento de ir hacia una integración mayor. Desde el colectivo gitano nos transmitido sus denuncias y sus posibles soluciones.

Desde esta minoría se pide que de una vez por todas se acabe con la estigmatización y discriminación del pueblo gitano, abriendo así una puerta más grande a su empleabilidad. Relegando para siempre las opciones laborales a las que pueden acceder. Se denuncia la situación a la que se ven abocados laboralmente, se sienten discriminados ya que pocas veces se les ofrecen trabajos que ellos mismos no puedan generar. No quieren que se les encasille laboralmente y reclaman una mayor integración laboral para desarrollar un proyecto de vida digno e integrado con el resto de la sociedad en su conjunto. Denuncian una mayor implicación de la administración.

Medidas concretas:

  • Proponemos una ​mayor visibilización del Pueblo Gitano, incluyendo en las instituciones a personas que provengan de este colectivo como garantía que la voz de estos es escuchada y atendida, de una manera que este pueblo admita y acepte.
  • –  Fomento de un mayor conocimiento del pueblo gitano, ​que vaya más allá del día 8 de abril (Día internacional del Pueblo Gitano). Las instituciones son sensibles un día olvidando el resto de los 364 días del año. Promoveremos un mayor conocimiento de la cultura gitana en la sociedad para un mayor conocimiento y entendimiento.
  • –  La administración deberá velar por las normativas que regulan los «​mercadillos«​, en su mayoría muchos de los miembros de esta etnia solo tienen esta salida laboral. Se llevará a cabo un estudio intenso sobre las actuales normas que regulan estos espacios en nuestro municipio donde ejercen su trabajo los afectados.
  • –  Serán las propias ​Instituciones, en quienes recaiga la tarea de la visibilización, normalización e integración de este colectivo.​ Se llevará a cabo una colaboración estrecha con aquellas asociaciones y comunidades que ya vengan tiempo trabajando para la mejora de los servicios prestados.
  • –  Crearemos la ​figura del representante ​en los diferentes lugares de la administración y servicios sociales, donde estos mediadores prestarán un servicio a este colectivo: acercamiento a las normativas, derechos, obligaciones, ayudas, servicios, etc. Estas personas como representantes del colectivo, serán incluidas en aquellos grupos de coordinación y gestión de fondos destinados por las diferentes administraciones y órganos gubernamentales, a mejorar la situación del pueblo gitano.
  • –  Fomentar la educación ​entre el Pueblo Gitano para un mayor conocimiento de sus derechos y obligaciones. El Pueblo Gitano demanda una mayor atención por parte del colectivo educativo para su integración.
  • En cuanto a vivienda, el colectivo gitano está afectado sobremanera por los Desahucios, viéndose abocados en muchas ocasiones a la ocupación en precario. Desde Unidas por Santander, ​se promoverá un Ayuntamiento libres de desahucios, medida que afecta en gran manera a este colectivo garantizando sus derechos en cuanto a vivienda.

7.1.3 Inmigración.

Desde Unidas por Santander hemos estado reunidos con personas pertenecientes a colectivos migrantes de la ciudad. La queja es la misma: no por el hecho de tener un consejo de inmigración de la ciudad y sacarse una foto de vez en cuando se dan solución a los problemas de esta comunidad, amplia y diversa.

El Festival de las Culturas que se hace todos los años en Santander durante el verano y alguna visita son las opciones que tienen los más de 12.600 inmigrantes que tienen en Santander para mostrar su cultura amparados por la administración. Si analizamos las cifras de población migrante en la ciudad, podemos observar el decrecimiento de las mismas, paralelo a la despoblación alarmante que sufre nuestro municipio: de casi 176.000 habitantes en 2015, hemos pasado a los 172.000 de 2018. La inmigración no es un problema alarmante en nuestra ciudad, salvo para vender titulares. Si es un problema es por cómo se gestionan los recursos y las necesidades de un colectivo necesario para la vida de nuestro municipio, que reclamamos como integrador y multicultural.

El Ayuntamiento de Santander debe tener un papel determinante en la gestión de las políticas de cohesión social con la población inmigrante.

Se denuncia la inactividad del CEMICAD (Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo), mala gestión, inoperancia y falta de respuestas reales a un colectivo en Santander que ronda entre el 7% por ciento de la población total de la ciudad.
El ayuntamiento ha dejado en manos de los colectivos y asociaciones privadas, la integración y la problemática de los inmigrantes, dejando a su suerte a miles de vecinos y vecinas en Santander.

Medidas concretas:

  •  Dotar de recursos y actividad al ​Consejo de Inmigración de la ciudad.
  • –  Favorecer el conocimiento de las culturas que hay en la ciudad, mediante una mayor colaboración con los centros de enseñanza para favorecer el mutuo conocimiento de los originarios de esta tierra y aquellos que han venido a establecerse en este municipio. Creemos en una Santander multicultural, abierta e inclusiva, donde todas las personas que vengan a residir en nuestra ciudad sean recibidas con dignidad y se les dé una orientación para su integración social y laboral.
  • –  Una reestructuración del CEMICAD.​ Trabajar por la integración, por la visibilidad de las demás culturas que conviven en Santander, trabajando además con las asociaciones de migrantes para un mayor acercamiento desde la Administración a la sociedad. Creemos que es imprescindible que formen parte activa de la vida pública y administrativa de la ciudad, teniendo voz en el CEMICAD por medio de sus representantes.
  • –  Una mayor orientación laboral, actividades, talleres, asesoramiento, profesionales que serán destinados a la integración laboral, principal problema de los migrantes afincados en Santander desde el comienzo de la crisis, teniendo de media el doble de porcentaje de parados que los nacionales.
  • –  Acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las personas empadronadas, ​sin distinción alguna.
  • –  Promover el empadronamiento de los migrantes que viven en Santander, con independencia de su situación administrativa respecto a la Ley de Extranjería.
  • –  Colaborar con los centros y entidades sociales para fomentar las integración social y educativa de los MENAS (menores extranjeros no acompañados) así como de su futura inserción laboral.
  • –  También creemos que no solo se debe prestar especial atención con los que llegan, sino también con los que quieren regresar. Muchas han tenido que salir de nuestra comunidad autónoma a buscarse el sustento en otros países en los que las oportunidades laborales excedían con mucho a las que aquí se les podían proporcionar. Y muchas son las que están regresando o quien hacerlo, encontrándose ante una administración que no facilita su retorno. Es por eso que pondremos en marcha la ​Oficina Local de personas emigradas y retornadas,​que tendrá entre sus tareas facilitar la información para las condiciones y requisitos de un retorno digno, habilitar un canal de comunicación entre las personas retornadas y las emigradas, y realizar campañas de difusión del calendario del voto rogado.

7.1.4 Personas con discapacidad funcional Medidas concretas:

  • –  Plan estricto de supresión de barreras arquitectónicas​en Santander.
  • –  Cumplimiento estricto, en las ofertas de empleo, del porcentaje para personascon discapacidad.
  1. Discapacidad y Plan de Movilidad (​normativas y ordenanzas que no se cumplen):
    • ·Toda calle peatonalizada debe cumplir con las normas legislativas en barreras y accesos arquitectónicos para personas con discapacidad, facilitando su libre movimiento.
    • ·Así mismo, todo local comercial, sea de servicios (cafeterías restaurantes) o comercial de nueva apertura, o por reestructuración o reforma, está obligado a eliminar escalones o peldaños que impidan el acceso a una silla de ruedas.
    • ·Controlar el uso de tarjetas de aparcamiento a personas discapacitadas que verdaderamente posean movilidad reducida, para el uso de los aparcamientos de discapacitados.
    • ·La operatividad de las plataformas de los autobuses municipales y su verdadera eficacia, ya que actualmente su acoplamiento a las aceras no es siempre posible, siendo la flota de nueva adquisición y renovación.
    • ·Controlar que la plaza de acoplamiento para las sillas sea equitativa en su reparto y utilización, pues actualmente un discapacitado se queda en la parada sin poder acceder al servicio público de transporte adaptado, por estar estas todas ocupadas (vg., sillitas de bebé).
    • ·Campañas de sensibilización e integración de los diferentes colectivos de personas con discapacidad, dando a conocer sus problemáticas específicas.
    • ·Puesta en marcha de las herramientas descritas en el apartado deTransparencia y Participación,​ con la mirada puesta en fomentar la participación de personas que de otra forma no podrían participar en la vida municipal de forma activa. Consideramos prioritario que sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, independientemente de sus limitaciones.
    • ·Realizar en colaboración con los colectivos especializados en discapacidad funcional, así como las asociaciones de padres y madres de menores afectados con alguna disfuncionalidad y aquellos técnicos y técnicas necesarios, un estudio sobre la accesibilidad e inclusividad de los parques en nuestro municipio. Adoptando posteriormente las medidas necesarias para que se adapten los resultados de dicho estudio en los parques infantilesexistentes y en otros de nueva creación.
    • ·Creación de un órgano de participación municipal denominado“Contratación Pública Responsable”, participado de las entidades representativas de inserción social, centros especiales de empleo y la economía social y solidaria de la ciudad, además del personal técnico y representantes políticos del consistorio. Se encargará de velar y fiscalizar las contrataciones públicas del ayuntamiento, dando seguimiento a las mismas y haciendo cumplir la ley de contratos del sector público, que reserva un porcentaje de las mismas a colectivos de personas con discapacidad.

7.1.5 Unidades de trabajo social Medidas concretas:

  • –  Redimensionamiento de las UTS.​
  • –  Ubicación en cada barrio y aumento del número de unidades.​
  • –  Planificación y racionalización de los objetivos en relación con el plan deempleo, RBCM (Renta Básica Municipal Condicionada), ayudas en especie, ayudasespecíficas para colectivos específicos.
  • –  Reconsideración de la labor del trabajador social.
  • –  Colaboración y coordinación con las Unidades de Educación Social ​(UES).
  • –  Ampliación de las plazas de la red de guarderías,​priorizando también las familias mono parentales y mono marentales.

7.1.6 La Renta Básica condicionada municipal

El modelo de renta básica por el que apuesta Unidas por Santander es un sistema de financiación tripartita (Gobierno Estatal, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), una unificación de todas las ayudas no contributivas y una gestión localista según el principio de subsidiariedad: deben ser las administraciones más cercanas al problema las que deben resolverlo o, al menos, gestionarlo. Esto se puede hacer a través de las unidades de trabajo social o de los Ayuntamientos directamente.

El sistema de servicios sociales del Gobierno de Cantabria tiene numerosas deficiencias y falta de recursos, además de una gestión política nefasta a través del ICASS. Uno de los grandes problemas del ICASS son los limitados recursos existentes para las ayudas individuales con respecto a las personas sin recursos o en situación de exclusión social. La renta social básica (RSB) no llega más que a una minoría de la población que lo necesita .

En Santander hay alrededor de 12.000 (un 16,34%, según los datos de marzo de 2019 del SEPE) personas desempleadas. De las cuales no reciben prestación o ayuda alguna en torno a 8.000 personas y sobre 2.700 personas reciben la RSB.

En Unidas por Santander nos proponemos directamente erradicar las bolsas de pobreza y la exclusión mediante una ayuda directa condicionada doblemente: por un lado, a la falta de ayudas en otros ámbitos territoriales superiores (autonómico y estatal) y, por otro, a la falta de recursos económicos individuales.

Pack de rescate ciudadano

La Renta Básica Condicionada Municipal (RBCM) se aplicaría en varias fases y estaría unida a ayudas para alquiler social (ver la parte del programa referida a vivienda) en los casos que fuera necesario. También se establecería un fuerte vínculo con el plan de empleo del municipio (el Ayuntamiento de Santander como empleador de último recurso).

Tendría un carácter extraordinario y su vigencia dependería de la permanencia de la crisis económica y social, así como de la falta de ayudas en otros ámbitos.

En el primer año se realizaría un esfuerzo considerable para aumentar el número de profesionales dedicados al sector de Servicios Sociales en el Ayto. de Santander (trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos sociales).
El objetivo es que antes de terminar la legislatura se pudiera ofrecer esa ayuda, al menos, a unos 3.000 desempleados sin recursos de Santander.

El primer año se aplicaría la RBCM a unos 1.000 usuarios, aumentándose cada año hasta llegar a los 3.000 usuarios en 2022. Inicialmente iría destinado a los desempleados sin recursos, para posteriormente aplicar unos baremos económicos en relación con los ingresos y el número de miembros de la unidad familiar.

La cantidad mínima serían 400 euros, pudiendo aumentarse en relación con el tamaño de la familia. A esa cantidad se podrían añadir otras ayudas en especie (alquiler social, alimentos, bonos suministros y transporte, etc.). Para poder tener derecho a la RBCM se deberá probar la residencia en Santander desde un tiempo mínimo para evitar el efecto llamada.

Coste económico y viabilidad

El coste total del programa sería de aproximadamente 37 millones de euros. El coste del primer año sería de 5 millones de euros (1.000 usuarios). El segundo sería de 7,5, el tercero 9,6 y el cuarto 14,5 millones de euros. Una situación de crisis como esta lo merece y lo necesita.

AñoNº de usuarios/asCoste anual (millones/eu)
20191.0005
20201.5007,5
20212.0009,6
20223.00014,5

Los puntos 8 a 11 del programa los publicaremos aquí en los próximos días, si bien ya podéis consultar el programa completo, incluyendo esos puntos, pulsando en el botón «Leer Programa Electoral en PDF» que encontrarás a continuación.

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